La Comunidad denuncia ante la Fiscalía "irregularidades" en la gestión del Campus de la Justicia

La Comunidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía las presuntas irregularidades cometidas en el proyecto Ciudad de la Justicia, un proyecto encargado en 2007 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las sedes judiciales en el madrileño barrio de Valdebebas, según informa el diario EL MUNDO.

Como ha adelantado 'El Mundo', este paso responde a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad de Madrid sobre el proyecto diseñado por el entonces Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y donde se recoge que se han detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad.

La propia Cifuentes ha confirmado la denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde ha dejado además un mensaje en el que afirma: "Tenemos tolerancia 0 con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más".

La denuncia llega después de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo".

El pasado 3 de abril el Gobierno regional elevó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ese informe, y, una vez examinado, ha determinado que pudiera haber "ilícitos penales", según ha explicado en declaraciones a los medios en el Pleno de la Asamblea el consejero de Justicia, Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido. Por ello, ha continuado diciendo, "corresponde" ahora a la Fiscalía determinar "si es así o no".

Garrido ha rechazado que la entrega de este informe a la Fiscalía sea un intento de desviar la atención de la polémica del máster de Cifuentes, sino que el Gobierno actúa "cuando corresponde". "Podría haber sido ayer, hoy o dentro de cinco días", ha comentado.

Por ese motivo, no presentaron conjuntamente la denuncia junto a los grupos de la oposición porque, ha indicado el consejero, no se mueven "por intereses partidistas".

La oposición ya llevó a la Fiscalía el pasado mes de marzo este caso, analizado en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, y advirtió de que el proyecto supuso un "quebranto patrimonial" para los madrileños de más de 130 millones de euros.

"Elevamos las cosas cuando tenemos informes de la Abogacía, que es a quien hacemos caso, porque determina cada uno de los planteamientos que tiene que ver con la legalidad", ha dicho Garrido, que ha insistido en que el Gobierno regional actúa "en base a los informes de la Abogacía de la Comunidad", no por presunciones o por intuiciones.

En cuanto al perjuicio económico, Garrido ha recalcado que están a la espera de si la Fiscalía decide que hay "indicios de criminalidad" para que la Comunidad se persone, en su caso, como acusación particular, como ya lo hizo en el caso Púnica o Gürtel.

LA OPOSICIÓN CRITICA LA PASIVIDAD DE CIFUENTES EN EL CASO

La oposición de la Asamblea de Madrid ha criticado hoy la "pasividad" que ha mantenido hasta ahora la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con el Campus de la Justicia pese a que asegura que ya conocía las "malversaciones, irregularidades y presuntos delitos" de este proyecto.

"La pasividad total (del Gobierno regional) para investigar este caso es evidente", ha denunciado la diputada de Ciudadanos Susana Solís, que es portavoz de la formación naranja en la comisión de estudio de la deuda.

La parlamentaria ha dicho que cuando los grupos de la oposición fueron a analizar los "más de cien metros" de documentación sobre el Campus de la Justicia encontraron "muchísimas irregularidades" que "no admitieron" en el Ejecutivo madrileño. Según ha dicho, tampoco lo hicieron tras un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo".

Por su parte, la portavoz del PSOE-M en la comisión de estudio de la deuda, Mercedes Gallizo, ha recordado que llevan "casi tres años denunciando" en el Parlamento madrileño un asunto que en el Gobierno regional "conocían desde hace años". "El Gobierno sólo se mueve cuando hemos presentado la denuncia, hemos ido a la Fiscalía, cuando los medios de comunicación han evidenciado que lo que estábamos diciendo era exactamente así", ha señalado.

Asimismo, ha comentado que en la documentación analizada había "una montaña de irregularidades", como "facturas no compulsadas, trabajos no hechos y contratos que no se habían firmado".

"¿Por qué no se ha hecho nada hasta hoy?", se ha preguntado la diputada, que ha manifestado su "indignación" al respecto. "Sorprendentemente hoy se han apresurado corriendo, algún motivo habrá", ha añadido.

Gallizo cree que "es el momento de que la Justicia tome cartas en el asunto" y de que "se exijan responsabilidades que vayan más allá de las políticas", como devolver "el dinero defraudado a los ciudadanos".

El portavoz de Podemos en la comisión de estudio de la deuda, Eduardo Gutiérrez, considera que ha habido "encubrimiento" por parte del Gobierno de Cifuentes de "todas las malversaciones, irregularidades y presuntos delitos" del Campus de la Justicia. El diputado opina que si este "encubrimiento" ha "cesado" es porque "hay problemas en el PP porque ven que se hunde el barco y empiezan a agarrarse unos a otros".En este sentido, ha comentado que Cifuentes ha podido pensar que si deja de ser presidenta por las irregularidades del máster de la Universidad Rey Juan Carlos se van "detrás" de ella "muchos de los que cometieron desfalcos en el Campus de la Justicia".