La Comunidad de Madrid y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado hoy un convenio por el que destinan 200 millones de euros a financiar proyectos de autónomos, pymes y empresas de hasta 3.000 empleados, a través de préstamos que beneficiarán hasta 4.000 empresas.
La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, y la presidenta del ICO, Emma Navarro, han rubricado este convenio para potenciar el crédito a empresas en la región mediante el programa de financiación del Banco Europeo de Inversiones BEI para "empresas con criterios de regionalización".
"Con este convenio queremos fomentar la I+D+i y el empleo en sectores estratégicos para la economía de la Comunidad de Madrid, además de incrementar el tamaño medio de las empresas de la región", ha explicado Hidalgo, quien ha añadido que el objetivo es fomentar el acceso al crédito de pymes y autónomos con unas "condiciones muy favorables".
La consejera también ha subrayado la importancia de esta línea de crédito para el tejido productivo madrileño, que, según ella, están conformado básicamente en un 95 % por pymes y autónomos.
Según un comunicado del Gobierno autonómico, tendrán prioridad en el acceso a esta financiación el sector industrial y las empresas con mayor capacidad de generar empleo, las pymes de rápido crecimiento en nuevos nichos de mercado y las empresas localizadas en zonas con mayor pérdida de empleo.
Con este convenio, se podrán financiar las inversiones productivas realizadas dentro de la Comunidad de Madrid, así como el circulante limitado al 50 % del importe total de la financiación, que podrá ampliarse hasta el 100 % para operaciones con plazo de hasta cuatro años.
El convenio establece un importe máximo de hasta 12,5 millones de financiación por cliente en una o varias operaciones de préstamo o leasing y mediante operaciones de entre dos y veinte años de plazo de amortización, con la opción de hasta dos años de carencia de principal.
Estas operaciones se concederán a las empresas a través de todas las entidades financieras que estén adheridas a las líneas de mediación ICO.
Los beneficiarios deben haber formalizado operaciones de financiación directa con el ICO o bien operaciones a través de entidades financieras intermedias dentro de las líneas de mediación del Instituto vigentes en cada momento, que también cumplan con las condiciones de crédito del BEI.
