El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la creación de la Mesa del Autónomo y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo ser el foro de interlocución y participación estable entre la Administración Pública madrileña y las principales asociaciones intersectoriales de autónomos y de la economía social de la región y las organizaciones sindicales y empresariales madrileñas más representativas.
Según ha informado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del ejecutivo autonómico, Angel Garrido, otros de sus objetivos son impulsar y promover iniciativas de fomento y apoyo al autoempleo individual y colectivo, al emprendimiento y a la economía social.
Y por otra parte, prestar apoyo y colaboración a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en el diseño y promoción de políticas públicas y programas que impulsen el trabajo autónomo, la economía social y promocionen la cultura emprendedora.
En cuanto a su composición, hay que reseñar que estará formada por el titular de la Consejería competente en materia de empleo, que será su presidente; el titular de la Viceconsejería competente en materia de empleo, que será su vicepresidente; tres representantes de la Administración Pública madrileña, un representante de cada asociación profesional intersectorial de trabajadores autónomos y otro del ámbito de la Economía Social; dos representantes de los sindicatos y, por último otros dos representantes de las organizaciones empresariales madrileñas.
El funcionamiento de la Mesa del Autónomo y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid no supondrá incremento de gasto público, pues el funcionamiento se llevará por medios propios y personal de la Consejería. Este funcionamiento quedará definido por un calendario de sesiones que fijará el presidente, y cuya periodicidad será, al menos, semestral. Esta figura será también la que fije el orden del día de las mismas.
La Mesa podrá acordar la constitución de grupos de trabajo y, cada uno de ellos, se constituirá con un plazo máximo de operatividad de seis meses, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo, y podrá incluir la participación de otras entidades y expertos independientes y académicos con el fin de asesorar y colaborar en la realización de las actividades y tareas encomendadas.
Una de las primeras actuaciones que se realizará será la creación de un grupo de trabajo para la eliminación de trabas administrativas para los autónomos y los empresarios. Además, también se estudiarán e impulsarán actuaciones de fomento del trabajo autónomo y de la economía social y se realizarán acciones de apoyo al asociacionismo en sendos ámbitos.
65,5 MILLONES MÁS PARA PRESTACIONES POR DEPENDENCIA
La Comunidad de Madrid destinará 65,5 millones de euros más para abonar las prestaciones económicas por dependencia reconocidas en la región, cantidad que se suma a los 84 millones autorizados el pasado mes de noviembre por el Gobierno regional, a través de tramitación anticipada, según indicó su portavoz, Ángel Garrido. Esta ampliación de gasto, explicó, permitirá pagar las citadas prestaciones económicas en 2016.
Además, señaló que la Comunidad de Madrid estima que es necesario destinar un crédito total de 160,5 millones de euros para poder abonar estas ayudas ya reconocidas a 31 de enero de 2016 (37.929 beneficiarios).
Este cálculo se realiza teniendo en cuenta los importes medios anuales y el coste total de los compromisos generados por los beneficiarios en función de la prestación que tienen reconocida en sus respectivos Programas Individuales de Atención.
Garrido indicó que a lo largo del presente ejercicio, por tanto, será necesaria una nueva ampliación de crédito para mantener las prestaciones reconocidas y atender las nuevas prestaciones que se reconozcan durante este año.
Para las personas en situación de dependencia -por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad-, el Gobierno regional cuenta con una atención especializada a través de unas 62.000 plazas en centros de día, residencias, tratamientos y servicios para la prevención de la dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio y prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (para que puedan ser atendidas por cuidadores no profesionales de su entorno), prestaciones para asistencia personal (cuantía económica mensual que se asigna al beneficiario para contribuir a la contratación de una asistencia personalizada profesional) y cheque servicio o prestación vinculada al servicio.
El portavoz del Gobierno autonómico destacó que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (a 31 de enero de 2016), la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza en servicios de dependencia prestados, cumpliendo lo que establece la ley, que determina que deben primar los servicios sobre las prestaciones económicas.
EL GOBIERNO DE MADRID RECURRIRÁ LA LEY DE TRASOPARENCIA EN LA ASAMBLEA POR MODIFICAR LOS PRESUPUESTOS REGIONALES
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, ha dicho que el Gobierno regional recurrirá la proposición de Ley de Transparencia, presentada por la oposición en la Asamblea de Madrid, porque supone una modificación de los Presupuestos regionales para 2016.
La mesa de la Asamblea votó ayer iniciar la tramitación de la proposición "en contra del criterio del Consejo de Gobierno, que se había opuesto a la toma en consideración de esta ley", ha explicado Garrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo regional "puede decidir que una proposición de ley no se tramite, dado que puede haber asuntos que competen al Presupuesto que ya está establecido y, por lo tanto, impliquen gastos que no están contemplados", ha añadido."En ese sentido, nos opusimos a la tramitación de esa ley y la mesa de la Asamblea votó en contra de ese criterio", según Garrido, y el Gobierno dispone de "unos días para plantear un recurso de discrepancia ante la mesa".
Ha puesto como ejemplo que "si una proposición de ley pudiera decidir que mañana se gasten 5.000 millones de euros en cualquier tema, el Consejo tendría obligación de pararlo", dado que el Presupuesto "no solo son unas cuentas sino que es una ley que estamos obligados a cumplir".
De ahí que "cualquier iniciativa parlamentaria que pretenda cambiar estos presupuestos, el Consejo de Gobierno tiene obligación de recurrirla e impedir que se tramite", y lo va a hacer, ha concluido.
