La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que el gobierno regional va a ahorrar 1.730 millones de euros en el sector público autonómico. La ley de acompañamiento de los Presupuestos, que el Consejo de Gobierno remitió al Consejo Económico y Social para que emita informe, prevé que en el marco de este plan de ahorro, se disuelven entidades como el Campus de la Justicia, Aeropuertos de Madrid, Turismo de Madrid y el Instituto Madrileño de Desarrollo, Imade, entre otros.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una reducción del sector público regional que afecta a 19 entidades y a 83 organismos públicos, colegiados y consultivos, lo que supone 5 altos cargos y 18 puestos directivos menos y un ahorro de unos 23 millones de euros. Así lo ha anunciado la presidenta regional, Esperanza Aguirre, al término del Consejo de Gobierno que ha aprobado la ley de medidas urgentes de índole fiscal, administrativa y de racionalización del sector público, que se remite al Consejo Económico y Social para su preceptivo informe con el fin de que sea aprobada definitivamente, por vía urgente, por la Asamblea el próximo jueves.
Entre las empresas y organismos públicos que se disuelven o pasan a incorporarse a otras áreas, figuran el Campus de la Justicia, Aeropuertos de Madrid (que se integra en Mintra), Turismo de Madrid y el Instituto Madrileño de Desarrollo, Imade.
Esta, medida, junto con la reducción de los liberados y de las horas sindicales que también se incluyen en esta Ley, elevan a 696 los millones que ahorrará el Gobierno de la Comunidad y hace que desde el año 2008 y hasta hoy el sector público madrileño haya dejado de gastar 1.730 millones de euros.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha señalado que con esta reducción de empresas se cumple un compromiso adquirido por el Gobierno madrileño en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de recortar el sector público autonómico para ahorrar y hacer frente a la crisis. Beteta ha manifestado que ello ha supuesto la supresión o extinción de de diversas entidades y de órganos colegiados o consultivos, entre los que ha citado, además de los ya mencionados por la presidenta, la Sociedad Mercado Puerta de Toledo, así como la enajenación de la participacion de la Comunidad en el centro de Transportes de Coslada o de Promomadrid.
Además, Arpegio, Indicam y Tres Cantos se fusionan en una sola empresa; las competencias del Defensor del Paciente pasan a la Dirección general de Atención al Paciente y Alcalá Natura 21 pasa a depender de la Dirección General de Deportes.
Beteta ha recordado que a estas medidas de contención del gasto hay que sumar otras ya adoptadas con anterioridad por el Gobierno de la Comunidad, que en su momento redujo seis consejerías y eliminó 30 altos cargos, a los que ahora hay que añadir otros 23 cargos menos, fruto de este ajuste de empresas y organismos públicos.
En cuanto al futuro laboral de los trabajadores afectados por esta reestructuración, Aguirre ha señalado que la "inmensa mayoría" son funcionarios y pasan "a disposición de Personal para cubrir las necesidades del servicio" que se requieran. Ha asegurado por tanto, que no habrá puestos de trabajo que se supriman "a excepción de los de los altos cargos y los de los directivos" adscritos a estos organismos extintos.
SE MANTIENE LA DEDUCIÓN POR COMPRA DE VIVIENDA EN LA REGIÓN Y SE CREA UNA NUEVA PARA COMPENSAR LOS GASTOS EDUCATIVOS DE LOS HIJOS
El proyecto de Ley de Acompañamiento incluye otras medidas de tipo fiscal, entre las cuales el consejero de Economía y Hacienda ha indicado que se mantiene en la región la deducción de 350 euros por la compra de una vivienda, aunque el Ministerio de Vivienda no la mantenga, una medida que, ha dicho, beneficia a unos 70.000 madrileños al año.
Además, el Gobierno regional aplicará una deducción familiar de hasta 900 euros por hijo para compensar los gastos educativos; concederá hasta 1.000 euros de desgravación para fomentar el autoempleo entre los menores de 35 años y seguirá su política de apoyo a las empresas en el mercado alternativo bursátil.
SE CREA UN REGISTRO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS LIBERADOS SINDICALES
Por otra parte, la Comunidad contará con un Registro de liberados sindicales de la Administración regional, según ha anunciado hoy la presidenta Esperanza Aguirre, para quien "la madre del cordero" de este asunto consiste en que no puede haber "3.000 señores pagados por el contribuyente que no vengan a trabajar".
Aguirre ha anunciado que la Ley de Acompañamiento prevé la reducción de horas de liberación sindical adecuando su numero a la legalidad vigente. La presidenta regional ha explicado que "en este momento la Administración Pública está recaudando muchísimo menos dinero como consecuencia de la bajada de la actividad económica y tiene también que ahorrar" y ha considerado que "ésta es una parte en la que se puede y se tiene que ahorrar". "Si la comunidad tiene x número de funcionarios y personal para prestar los servicios de sanidad, educación, transporte y servicios sociales, no estamos en disposición de que 3.000 de esos señores pagados por el contribuyente, no vengan a trabajar", sostuvo Aguirre.
La presidenta indicó que a la entrada en vigor de la nueva ley habrá un registro de liberados sindicales, que recogerá todos los casos y todas las horas de liberación sindical y especificará las juntas de personal y qué es un centro de trabajo, según las leyes vigentes.
Adelantó que las negociaciones con los sindicatos para consensuar esta medida -que al final ha adoptado el Gobierno regional de manera unilateral- "van a continuar" y que "espera" que se pueda alcanzar un acuerdo, que ve más factible "las grandes áreas de sanidad y educación, básicamente".
El principal escollo, ha dicho, sigue siendo que "los sindicatos no quieren reconocer cuántos liberados tienen" y recordó que las centrales sindicales hablan de 200 liberados, mientras las cifras que obran en poder de la Comunidad son de "3.400, a los que hay que sumar los liberados institucionales" y otros.
La presidenta ha asegurado que los sindicatos "están en su derecho de discrepar" de la medida tomada por el Ejecutivo madrileño y de recurrirla si lo creen oportuno, pero ha insistido en la nueva ley del Estatuto Básico del Empleado Público obliga a reducir de 75 a 40 el número de horas sindicales y que eso es lo que ha hecho la Comunidad.
