La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado la creación de un Parque de emergencia social (PVES) que estará compuesto por unas 300 viviendas que tratará de dar respuesta a las familias en necesidad a través de un decreto que además actualizará la normativa en este sector.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Cifuentes ha indicado que el decreto, cuyo informe previo ha aprobado hoy su equipo e inicia la tramitación administrativa en fase de alegaciones, da un tratamiento "más adecuado" a la actual situación y refuerza el carácter social de la vivienda pública.
Cifuentes ha recalcado además que el Gobierno regional se compromete a no vender durante la legislatura ninguna vivienda social a fondos de inversión ni realizar desahucios en viviendas públicas de la Comunidad de Madrid. En esos casos, ha explicado, se negociará y se bajará el alquiler y se darán facilidades a las familias para solventar las posibles situaciones de impago.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que el decreto de creación del parque de emergencia social responde al compromiso número 113 del programa electoral y además actualiza la normativa que regula el acceso a las viviendas sociales.
Ha relatado que la norma contempla "nuevas situaciones" y flexibiliza los requisitos de adjudicación para dar respuesta a colectivos que necesitan "tratamiento especial" como el de las víctimas de violencia machista, por ejemplo, o casos de violencia por razón de raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad.
Además, aunque no elimina el sistema de sorteo en la adjudicación, esta fórmula pasa a ser "residual" para favorecer un sistema más "objetivo" de "baremación". Cifuentes ha explicado que el parque constará de unas 300 viviendas, de las que ya están preparadas 163.
El decreto marca además la obligatoriedad de reservar un 5% de las nuevas promociones de viviendas públicas en alquiler de la Comunidad para el nuevo parque de emergencia.
Igualmente, establece un procedimiento especial de adjudicación en los casos de desahucio de residencia habitual y permanente del interesado como consecuencia de una disminución sobrevenida de los ingresos de la unidad familiar; residencia en infraviviendas cuando concurran situaciones de dependencia o problemas de salud graves derivados o agravados por la situación de la vivienda; y "acontecimientos extraordinarios" como situación de exclusión residencial, atentados, o derrumbes de edificios, entre otros.
El texto del decreto se someterá a un periodo de información pública y recibirá los informes preceptivos de las secretarías generales técnicas y de la Abogacía General de la Comunidad.
Al final de este proceso, el texto será aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno..
