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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite recurso del Gobierno central y también el presentado por el PSOE en Madrid contra el artículo 2 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que implantó el euro por receta desde principios de este año. La decisión conlleva dejar en suspenso el cobro del gravamen mientras se resuelve sobre el fondo del asunto.

El Pleno del Tribunal de garantías ha actuado en este asunto de forma idéntica a lo que resolvió el pasado día 15 en relación con la misma medida que se aplicaba en Cataluña. Según el artículo 161.2 de la Constitución el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional decisiones de comunidades autónomas, lo que se traduce en su suspensión durante 5 meses, transcurridos los cuales el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.

VIGENCIA DE LA SUSPENSION

Según la providencia dictada por el Tribunal Constitucional, y en aplicación del citado artículo 161.2, la decisión adoptada este martes "produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado, desde la fecha de interposición del recurso" es decir, desde el pasado 18 de enero. Esta decisión se comunicará a los Presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid.

Además, tanto respecto del recurso del Gobierno como del presentado por el PSOE, se da un plazo de quince días tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, para que "puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes". Igual plazo y posibilidad de personación se da a la Comunidad de Madrid y la Asamblea.

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID ORDENA LA SUSPENCIÓN

De hecho, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha ordenado la suspensión cautelar del euro por receta hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el fondo del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra esta medida.

Un portavoz del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty ha explicado a Efe que tras recibir la notificación del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno, la Dirección General de Farmacia contactará de manera inmediata con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para comunicarle la suspensión cautelar de la tasa. Este Colegio será el que traslade a las farmacias madrileñas la orden de la Consejería de Sanidad de dejar de cobrar el euro por receta en la región.

LA OPOSICIÓN APLAUDE LA SUSPENSIÓN DEL EURO Y EL PSM DEMANDARÁ A GONZÁLEZ

PSM, IU y UPyD han aplaudido la suspensión de la tasa del euro por receta y el líder del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado que su partido presentará inmediatamente dos demandas contra el presidente regional, Ignacio González, para que responda de los gastos generados con sus bienes y por prevaricación. Ignacio González ya ha anunciado, al conocer la decisión del Tribunal Constitucional, que la Comunidad de Madrid dejará de cobrar "inmediatamente" la tasa, en vigor desde el 1 de enero.

Antes de conocerse la decisión del Constitucional, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez ha vuelto a insistir en que en este asunto caben responsabilidades políticas y judiciales, porque el Gobierno de Madrid "ya sabía desde antes de imponerla que era una medida injusta e inconstitucional, al margen de la ley".

"Y a sabiendas, ha obligado a miles de madrileños a pagarlo estos días", se ha quejado el portavoz socialista, que ha exigido al Gobierno de la Comunidad que devuelva todo lo que ha recaudado durante este mes. Pero además, Gómez ha subrayado que en el mismo momento en que se suspenda la aplicación del euro por receta su partido interpondrá dos demandas que ya tiene preparadas contra Ignacio González: una para que responda con su patrimonio de los gastos que ha generado a los bolsillos "maltrechos" de los madrileños la puesta en marcha de la medida, y otra por prevaricación, porque "sabiendo que era inconstitucional, se ha empeñado en imponerlo".

Gregorio Gordo, portavoz de IU, ha vuelto a repetir su oposición a una medida que "penaliza la enfermedad y a los sectores que están en una situación más desfavorecida", y ha celebrado que Rajoy haya recurrido la medida, aunque ha lamentado que las "pugnas internas" del PP al final siempre acaben perjudicando a los ciudadanos.Independientemente de lo que determine el Constitucional, Gordo ha considerado que esta medida, sumada a todos los "disparates y desatinos" del Gobierno madrileño, deberían llevar a Ignacio González a convocar elecciones anticipadas. "Es la mejor responsabilidad (que se le puede exigir)", ha opinado.

UPyD, a través de su portavoz parlamentario, Luis de Velasco, ha coincido con el resto de la oposición en rechazar la medida, y ha celebrado su suspensión por parte de Constitucional.Sería "deseable", ha añadido, que el dinero que han tenido que pagar los ciudadanos a lo largo de todo este mes se devolviese, aunque ha expresado su escepticismo a que ocurra eso, y tampoco ha considerado que se puedan exigir responsabilidades al Gobierno, dado que muchas administraciones piden y ejercen competencias que entienden que son suyas. "Errores de esos se cometen todos los días".

Como contrapartida, el portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha insistido en que para el Gobierno de Madrid la medida es constitucional, dado que no se aumenta el precio del medicamento, sino que se cobra una tasa administrativa por recetarlo, pero ha dicho que se acatará la decisión del Tribunal Constitucional. Henríquez de Luna, no obstante, ha respondido a Tomás Gómez asegurando que exigir responsabilidades penales a quienes han impulsado la medida es "una idea peregrina que solo se le puede ocurrir a él".