La Comunidad alertó en más de 80 ocasiones a Policía, Fiscalía y juzgados sobre las menores tuteladas víctimas de explotación sexual

La Comunidad de Madrid alertó en más de 80 ocasiones a las autoridades policiales y judiciales sobre la situación y evolución de las tres menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que figuran como testigos protegidos en la trama de explotación sexual desarticulada en la denominada Operación Sana. Durante el último año y medio, el Gobierno regional presentó escritos sobre el seguimiento de las menores a juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores (GRUME) ante las ausencias voluntarias del centro por parte de las menores.

Asimismo, la Comunidad intentó sin éxito que la Fiscalía y los juzgados incrementaran la protección de una de ellas ante el riesgo que corría cuando salía de las instalaciones en estas ausencias voluntarias, y denunció en tres ocasiones los abusos sexuales sufridos por otra de estas menores cuando no estaba en el centro. Estas actuaciones las llevó a cabo sin tener conocimiento de la investigación que estaban desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La colaboración entre los servicios sociales municipales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Entidad Pública de Protección de menores ( en el caso de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad) y la Fiscalía son fundamentales para identificar y derivar a los menores que están desamparados, protegerlos en entornos seguros como son los centros de protección y hacer un seguimiento de su evolución que permita detectar cualquier situación que les esté afectando.

De este modo, la Comunidad es la responsable de protegerlos en el interior de los recursos y denunciar cualquier situación anómala, y las autoridades policiales y judiciales son las encargadas de actuar para que también estén protegidos fuera de los centros.

Son algunos de los datos que la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha dado este jueves en la Asamblea de Madrid sobre el caso de las menores víctimas de una red de explotación sexual que residían en centros de protección de la Comunidad de Madrid.

Comunicaciones y denuncias

La Comunidad de Madrid cuenta con casi 1.500 menores residentes en centros de protección, lo que genera un considerable tráfico de comunicaciones e informes. De hecho, en 2021 las denuncias y comunicaciones realizadas por estos centros con autoridades policiales y judiciales superaron las 5.400.

La inmensa mayoría de ellas (casi 5.000) son denuncias de ausencias voluntarias de menores al Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional para su localización y devolución. También hay un centenar de denuncias por hechos delictivos contra menores, más de 250 informes de seguimiento a los juzgados y por encima de 100 comunicaciones a la Fiscalía de Menores. Además, desde 2016 la Comunidad de Madrid se ha personado en 50 procedimientos penales relacionados con menores tutelados con el objetivo de defender sus intereses.

En concreto, los expedientes de las tres menores tuteladas testigos protegidas en esta operación suman en el último año y medio más de 80 comunicaciones entre sus centros de residencia y distintos estamentos policiales y judiciales. Una vez más, las denuncias por ausencias voluntarias al GRUME son las más numerosas, junto con informes de seguimiento al fiscal y a los juzgados que autorizan su entrada en los centros. Además, entre las tres han declarado ya 13 veces ante los investigadores de la Policía Nacional. Ha sido durante los últimos meses y estas declaraciones, denominadas “exploraciones”, siempre se han producido en presencia de los educadores del centro.

Estas tres menores residen en un centro de protección de la Comunidad de Madrid especializado en el tratamiento de menores con trastornos y problemas de conducta. Como todos los recursos de la red de protección, se trata de un centro abierto: sus usuarios no han cometido ningún delito y, por tanto, tienen derecho por ley a salir de las instalaciones como parte del proceso educativo y de aprendizaje de cualquier menor.

Este centro tiene una particularidad. El ingreso de un menor en sus instalaciones solo puede hacerse con una autorización judicial que permite a su director establecer ciertas restricciones a los movimientos y salidas de los menores.

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, estas restricciones deben comunicarse a la Fiscalía y realizarse en los términos que marca esa autorización “en interés del menor, de manera motivada y cuando su tratamiento educativo lo aconseje”. Es decir, no se puede ni se debe restringir la libertad de movimiento ni los derechos fundamentales a estos menores en los centros de protección porque el objetivo de estos recursos es protegerles y, desde la intervención, formarles y educarles; no aislarles.

Petición de restricciones de salidas

Precisamente, estas limitaciones en las salidas se aplicaron a una de las tres menores protegidas, identificada en el procedimiento como TP1. Llegó a este centro especializado en septiembre de 2021, tras pasar por otros centros de protección de los que se ausentaba frecuentemente; ausencias en las que se ponía en situaciones de riesgo y que ya habían alertado a la Policía, que sospechaba que podría estar relacionada con la prostitución.

TP1 se adaptó bien al nuevo centro, colaboraba y tenía una evolución positiva, pero sus educadores temían que en alguna de las salidas enmarcadas en su proceso educativo volviera a ponerse en peligro. Debido a esta situación de riesgo y en coordinación con la Policía, el 21 de octubre de 2021 la dirección del centro solicitó a la Fiscalía de Menores “ampliar la privación de salidas de ocio o de tiempo libre” que la menor “podría empezar a disfrutar tras haber superado la primera fase de adaptación a la Residencia”. La petición se acompañó de un extenso informe que argumentaba la necesidad de esta medida, elaborado por los psicólogos y psiquiatras que trabajan con ella en el centro.

La Fiscalía del Menor respondió ese mismo día con una nota remitida a la Dirección General de Infancia de la Comunidad de Madrid. En ella, el Ministerio Fiscal pedía a su vez a la Comunidad que “recaben autorización de restricción de salidas de ocio de la menor, por riesgo para la misma, ante la autoridad judicial que autorizó el ingreso”. La nota terminaba señalando que “esta Fiscalía carece de competencia al efecto”. Ante esta respuesta, el centro dirigió la misma petición motivada al Juzgado nº 1 de Torrejón de Ardoz, el que autorizó el ingreso de la menor en el centro. La comunicación se remitió el 25 de octubre de 2021, pero nunca obtuvo respuesta.

Tres denuncias

La Comunidad de Madrid también actuó con todas las garantías para alertar de la situación de otra de estas menores, identificada como TP2, que reside desde mediados de 2020 en el mismo centro especializado en trastornos de conducta. Desde su llegada al centro, TP2 tenía varias ausencias voluntarias: no regresaba a la hora prevista y los educadores daban parte al GRUME para que la devolvieran a las instalaciones cuando la localizaran.

El 25 de septiembre de 2020, tras una de estas idas y vueltas, la menor contó a sus educadores que el día anterior había sufrido una agresión sexual. Inmediatamente, una de las trabajadoras del centro se personó en el cuartel de la Guardia Civil más cercano para presentar una denuncia por estos hechos en representación de la menor.

A finales de octubre de ese mismo año, volvió a ausentarse voluntariamente tras una cita médica. Regresó unos días después pero no fue hasta febrero de 2021 cuando narró a sus educadores que en esa “fuga” de octubre del año anterior había sufrido una agresión sexual en una localidad de la provincia de Toledo en la que fue retenida. El 18 de ese mes una educadora volvió al cuartel de la Guardia Civil e interpuso una nueva denuncia por estos hechos.

A finales de agosto de 2021, TP2 no regresó de su periodo vacacional. El día 30 el centro comunicó esta ausencia voluntaria al GRUME, y el 31 recibieron una llamada de la madre de la menor, explicando que su hija se había puesto en contacto con ella y le había contado que había sido víctima de una agresión sexual. Los profesionales le pidieron que fuera con su hija a la Policía, donde una educadora recogió a la menor y la llevó al centro.

Al día siguiente, 1 de septiembre, uno de sus responsables, esta vez la directora, volvió por tercera vez al cuartel de la Guardia Civil, donde denunció esta agresión que la menor no quiso detallar el día anterior a los agentes por miedo y que, ya en la seguridad de su residencia, contó a sus educadores y a su psicóloga.

Una semana después, agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional acudieron a las instalaciones y la menor ratificó la denuncia, siempre acompañada por una educadora. Después se produjeron más declaraciones, se aceleró la investigación, y gracias a este testimonio se empezaron a atar cabos y a establecer conexiones con otras investigaciones en curso, que se desencadenó en la operación policial comunicada públicamente el 3 de enero de 2022.