La Comunidad de Madrid destinará este año 27,5 millones de euros para garantizar los servicios sociales de la región, a través de los convenios de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades para el desarrollo de la atención social primaria en municipios de la región, según manifestó su portavoz, Ángel Garrido
Garrido explicó que el Consejo de Gobierno autorizó la celebración de 41 convenios entre la Comunidad de Madrid y diversas entidades locales (27 ayuntamientos y 14 mancomunidades), por un importe de 25,9 millones de euros y señaló que otros 13 convenios que se van a suscribir no necesitan ser aprobados por el Consejo de Gobierno al ser de una cuantía inferior a 250.000 euros.
Afirmó que en 2017 se celebrarán 54 convenios entre la Comunidad de Madrid y entidades locales, por un importe total de 39,6 millones de euros, de los que el Gobierno regional aporta 27,5 millones y las entidades locales 12,1 millones.
"El objeto de estos convenios es regular la cooperación entre las partes firmantes para la gestión de los servicios sociales de atención primaria que se dirigen a toda la población del municipio o mancomunidad correspondiente, así como hacer efectivos los derechos de la Renta Mínima de Inserción (RMI), con el seguimiento de los programas individuales y los apoyos personalizados para la inserción social y laboral derivados de la RMI", indicó Garrido.
Asimismo, señaló que estos convenios contemplan, igualmente, la encomienda de gestión a cada una de las entidades locales para la valoración de las situaciones de dependencia, salvo los correspondientes a los ayuntamientos de Coslada y Meco, y las mancomunidades de Sierra Oeste y Las Cañadas, que no aceptaron la citada encomienda.
A través de estos convenios de colaboración, añadió, se financian los gastos de personal necesarios para la gestión de los programas, proyectos, prestaciones y servicios objeto del convenio, y los gastos de mantenimiento de cada centro municipal de atención social primaria necesarios para su funcionamiento.
Además, apuntó que se financian los gastos derivados de los programas de atención domiciliaria, de emergencia social; de prevención, inserción y promoción social, de atención al menor y de alojamiento alternativo.
35 MILLONES PARA GARANTIZAR 1.181 PLAZAS DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy la celebración de 14 contratos para la atención residencial a personas mayores dependientes de la región, por un importe global de 35.813.999 euros, que supone el mantenimiento de 1.181 plazas para los próximos dos años, según explicó su portavoz, Ángel Garrido.
Garrido señaló que los contratos, que serán suscritos con 12 entidades, son derivados del acuerdo marco de atención residencial a personas mayores dependientes en la modalidad de financiación total y financiación parcial, lo que garantiza la homogenización de las condiciones y prestaciones de los servicios.
Dijo que estos recursos forman parte la red de atención a las personas mayores en situación de dependencia de la Comunidad de Madrid y explicó que dicha red se caracteriza por la especialización y la alta calidad de los servicios y cuenta con más de 32.400 plazas de diferente tipología, a las que se suman las más de 12.000 prestaciones vinculadas al servicio mediante las cuales el usuario elige el recurso en el que quiere ser atendido.
HABRÁ QUE PAGAR 8,3 MILLONES A HACIENDA POR IMPAGOS DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA
La Comunidad de Madrid tiene que pagar 8,3 millones a la Agencia Tributaria por impagos en la transmisión de dos infraestructuras del Campus de la Justicia en 2014 y 2015. El consejero de Presidencia y Justicia, Angel Garrido, ha explicado que la Comunidad ha aprobado el pago de 8,3 millones en calidad de obligaciones tributarias de 2014 y 2015 de la extinta sociedad Campus de la Justicia.
Según ha desgranado, 7,6 millones de euros corresponden a cuotas no satisfechas de la transmisión edificio del Instituto de Medicina Legal (IML) y de la infraestructura subterránea. La Agencia considera que Campus debería haber declarado el IVA por la transmisión a la Comunidad de estos edificios, ha relatado.
En el caso del IML, lo valora en 17,7 millones y devenga una cuota de tres millones, y en cuanto las obras de infraestructura, apunta que alcanzan casi 19 millones y devenga una cuota de casi cuatro millones de euros.
Además, la Comunidad tiene que hacer frente a unos intereses de demora de 671.000 euros, y a una sanción tributaria por obligaciones correspondiente a 2014, que se ha reducido por pago en plazo y supone un total 12.400 euros. "Este era el conjunto de importes que la agencia reclama y hay obligación de realizar", ha concluido.
REGULAR PERO NO PROHIBIR LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
El Gobierno de Cristina Cifuentes prepara una ley para regular las viviendas de uso turístico, pero no es partidario de prohibirlas ni de cobrar una tasa a las mismas, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido.
Garrido ha respondido así al ser preguntado por una información que apunta a que el Ayuntamiento de Madrid busca un acuerdo con Airbnb, HomeAway y otras plataformas de alquiler para establecer un tope máximo de días en los que estas viviendas pueden alquilarse durante un año e implantar una tasa.
Ángel Garrido ha recalcado que el Gobierno regional no cree en las tasas, y menos en las que tengan que ver con el turismo.
No obstante, sí considera que este tipo de viviendas debe regularse, y para ello trabaja en una nueva normativa que defina sus uso."Pero sin llegar al carácter prohibicionista de Podemos en Madrid o en Barcelona", ha reiterado.
