El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha entregado hoy las llaves de un piso de protección especial a una madrileña procedente de Ecuador, dentro de la política del Gobierno regional de adjudicar viviendas a familias que están atravesando dificultades. La adjudicataria, madre de una niña de seis años, vivirá en una casa que forma parte del cupo de especial necesidad.
Con ésta son ya 445 viviendas de la Comunidad recuperadas y entregadas desde el inicio de la legislatura, a las que hay que añadir las 415 de las promociones de Arroyomolinos, Carabanchel y UVA de Hortaleza. En total, son 860 viviendas destinadas a familias con escasos recursos en la región. El consejero Rollán ha querido destacar “que el Gobierno regional está trabajando para recuperar cerca de 1.000 viviendas (ya sea por fallecimiento del titular, por renuncia u otras incidencias) que pueden ser reparadas en los próximos años para ponerlas a disposición de demandantes de vivienda pública”.
Igualmente, ha recordado que durante 2016 se ha destinado un presupuesto de más de 5 millones de euros para reparar viviendas de la Agencia de Vivienda Social de forma más ágil y rápida con el fin de seguir facilitando en el menor tiempo posible de plazo un hogar digno a aquellos que más lo necesitan.
RENTA REDUCIDA EN EL ENSANCHE DE VALLECAS
La beneficiaria tendrá que pagar por la vivienda y por la plaza de garaje un alquiler mensual de 48,76 euros los tres primeros meses. Después de este tiempo pasará a ser de 138 euros, cantidad que está calculada en función de la renta y que supone un precio muy reducido en comparación con lo que existe en el mercado.
La vivienda, del cupo de especial necesidad, cuenta con 2 habitaciones y 59,93 metros cuadrados útiles, y se encuentra ubicada en una de las mejores zonas del Ensanche de Vallecas, ya que está ubicada junto a un gran centro comercial, 3 colegios (1 público y 2 concertados) y 3 supermercados y cuenta con un fácil y rápido acceso a la M-45.
Esta medida refuerza el carácter social de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, un compromiso de la presidenta regional, Cristina Cifuentes por el que se quiere poner a disposición de los madrileños 1.200 viviendas de protección oficial durante esta legislatura.
Alrededor de 7.500 familias en la región son beneficiarias de la reducción en el abono de sus rentas al encontrarse en situación de grave dificultad, lo que supone un total de 11,7 millones de euros en la facturación de rentas de arrendamiento de la Agencia de Vivienda Social.
