La Comunidad de Madrid va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no atienda la reclamación administrativa de Cemonasa (filial de OHL) por la resolución del contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero hasta que no se esclarezca en vía penal el posible amaño en la adjudicación.
Según ha avanzado el diario 'El Mundo' y han confirmado a Efe fuentes de la Consejería de Transportes, la Abogacía regional pondrá en conocimiento del TSJM la situación existente en el ámbito penal por la adjudicación de este contrato -pieza 3 del caso Lezo-, para que lo tenga en cuenta antes de reclamar el pago de la indemnización.
OHL asegura en un comunicado que "no ha sido imputada en el denominado caso Lezo ni nadie ha cuestionado la corrección jurídica" de la adjudicación del contrato del tren a su filial, Cemonasa. Por el contrario, recuerda que existen "dos informes periciales" en la causa penal que "avalan la corrección de dicha adjudicación".
En el año 2017, la Comunidad de Madrid, con su entonces presidenta a la cabeza, Cristina Cifuentes (y de cuyo equipo de Gobierno formaba parte, el actual consejero de Transportes, Ángel Garrido), trazó una estrategia jurídica orientada a la reclamación, a OHL, de más de trescientos millones de euros por supuesto incumplimiento del contrato. Una suma casi similar, "curiosamente", a la que Cemonasa reclamaba a la Administración regional, apunta OHL.
Esta estrategia ha sido, hace dos semanas, tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Por tanto, durante más de tres años, la Comunidad de Madrid ha hecho valer una pretensión ante los tribunales basada en el contrato que ahora pone en duda, sin que a lo largo de este tiempo haya planteado prejudicialidad penal de clase alguna", sostiene OHL.
La Abogacía de la Comunidad de Madrid, por su parte, ya ha solicitado en la vía penal "la confiscación" de las cantidades que la Administración tuviera que abonar a OHL por la resolución del contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero, al entender que "se basa en un contrato presuntamente delictivo".
"La Comunidad de Madrid no va a pagar nada hasta que haya sentencia firme por la pieza de Lezo en la que se investiga la adjudicación de este contrato", insisten fuentes de la consejería, que pide que no se tenga que realizar pago alguno en relación a la liquidación económica del contrato hasta entonces.
OHL señala en el comunicado que la Comunidad de Madrid y su consejero de Transportes, Ángel Garrido, "deberán aquietarse a las decisiones que adopten los tribunales, al igual que lo hará OHL, sin dar por sentado su sentido ni tratar de predeterminar éste" y recuerdan que "han tenido que acatar todas las sentencias, hasta ahora desfavorables para sus pretensiones, que han recaído en este asunto y que, por sí mismas, dan buena cuenta de que no ha sido precisamente OHL ni sus filiales las que han observado procedimientos contrarios a la legalidad".
Los hechos se remontan al año 2009, cuando las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a Cemonasa, una filial creada por OHL para la construcción de dicha obra, bajo un presupuesto de 369 millones de euros.
Dicha adjudicación está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dentro de la pieza número 3 del caso Lezo, donde están imputados tres directivos de OHL -Javier López Madrid ente ellos- y el que era entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Aparte de esta investigación de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene abierta otra causa a raíz de la reclamación administrativa presentada por Cemonasa en junio de 2015, tras cinco años de paralización de la obra y tras solicitar la resolución de contrato al entrar en concurso de acreedores.
Para OHL, la falta de cumplimiento de la Comunidad de Madrid de sus obligaciones contractuales y de pago provocaron el concurso de acreedores de Cemonasa, por lo que se trata de "recuperar lo gastado y evitar un quebranto, aún mayor, para una empresa con más de 22.000 empleados y con numerosos accionistas".
