La Comunidad de Madrid esta estudiando la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo contra el fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública que declara la nulidad de la orden del Gobierno de desistir de la construcción de la Ciudad de la Justicia.
Así lo ha anunciado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en declaraciones antes de recoger uno de los Premios Turismo Diversity FITUR GAY, después de que ayer se conociera la decisión del Tribunal Administrativo, que declaró por unanimidad la nulidad de la orden del Ejecutivo.
En una resolución fechada el 13 de enero y a la que tuvo acceso Efe, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública admite el recurso interpuesto por las constructoras Acciona y OHL contra la orden publicada el pasado mes de noviembre a través de la que la Comunidad desistía de construir la Ciudad de la Justicia.
Cifuentes ha opinado que la decisión de desistir de este proyecto la tomó su Gobierno "en base a los informes jurídicos y en base a informes de la Abogacía del Estado", y pensando "en la defensa de los intereses de los madrileños". "Hemos recibido con contrariedad este fallo", ha admitido, y ha anunciado que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid lo están estudiando y "probablemente" presentarán un recurso al mismo.
No obstante, Cifuentes ha recalcado que el Gobierno quiere reagrupar las sedes judiciales, pero ha insistido en que el proyecto Ciudad de la Justicia, tal y como estaba ideado, tenía "múltiples inconvenientes y defectos formales que lo hacen inviable".
De hecho, ha seguido explicando, el fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública "es ciertamente contradictorio", ya que "por un lado no permite que el Gobierno avance en ese desestimiento, pero por otro lado reconoce que no podemos llevar a cabo el proyecto actual porque existen determinadas cuestiones judiciales todavía pendientes que afectan al proyecto original", el Campus de la Justicia.
"Por lo tanto, al final la decisión nos deja sin poder dar un paso ni adelante ni hacia atrás", se ha quejado la presidenta, que ha mostrado su confianza en los servicios jurídicos de la Comunidad para que estudien el recurso a presentar, porque su voluntad es "defender el dinero de los madrileños, que se emplee de la manera más adecuada posible".
El concurso del proyecto, heredero del Campus de la Justicia y que pretendía unificar en una zona de la ciudad de Madrid las sedes de la administración judicial autonómica, fue suspendido por el Ejecutivo regional en julio de 2015.
Los servicios jurídicos de la Comunidad avalaron la orden de desistimiento al entender que existía "incerteza" ante las reclamaciones judiciales interpuestas por los anteriores licitadores contra el concurso del germen de este proyecto, conocido como Campus de la Justicia.
Según la resolución del tribunal, la existencia de los contratos previos, e incluso de los propios proyectos, "no impide la celebración de un contrato ulterior con el mismo o parcialmente coincidente con el mismo objeto, sin perjuicio del pago de los trabajos efectuados, y por tanto no puede fundamentar el desistimiento del procedimiento de licitación".
