La Comunidad da luz verde al acuerdo de reordenación de la Cañada Real Galiana

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado hoy luz verde al Acuerdo marco de contenido social de la Cañada Real, que permitirá regularizar la situación de los 7.725 habitantes asentados a lo largo de los 14,5 kilómetros de la Cañada.

El acuerdo, que se firmará el próximo viernes, 9 de mayo, por la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, los tres municipios por los que discurre la Cañada, recoge las alegaciones planteadas por los dos primeros al borrador de la Comunidad, mientras que Rivas no ha planteado alegaciones, según ha informado hoy el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.

El documento aprobado hoy permitirá poner fin "a la situación de auténtica alegalidad" en la que se encontraban los asentamientos de la Cañada que "por fin tendrán un reconocimiento urbanístico después de medio siglo", ha dicho el también consejero de Presidencia y Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Preguntado qué pasará si el Ayuntamiento de Rivas finalmente no se presentara a la firma del convenio, Victoria ha explicado que "el acuerdo se va a firmar" en cualquier caso y que espera que "Rivas se sume" al mismo, por el bien de todos los vecinos, tanto los de la Cañada como de los zonas colindantes.

"Nos gustaría que se sumase, pero si finalmente no lo firma, el proceso no se va a parar", ha dicho Victoria en relación a las supuestos reparos del ayuntamiento de Rivas (IU) al borrador, mientras que desde la Consejería de Asuntos Sociales se entiende que hubo silencio administrativo.

Según Victoria, habrá "un calendario de actuaciones que incorpora una hoja de ruta con líneas paralelas que se desarrollarán a lo largo de los próximos años. No se va a solucionar en un año", ha admitido.

El documento dispone "el paraguas jurídico" para que cada ayuntamiento pueda empezar a actuar en las "distintas patas" como el planeamiento urbanístico del territorio, una adecuada ordenación para que los vecinos "puedan acceder al suelo".

También se prevé un plan de intervención social para apoyar la convivencia entre los vecinos, mientras que en materia de seguridad, ya se ha alcanzado un acuerdo con la Delegación del Gobierno.

CASI 7.800 PERSONAS CENSADAS

Los censos realizados por cada uno de ayuntamientos recogen 1.132 habitantes en el sector de Rivas, 927 en Coslada y 5.666 en Madrid, muchos de los cuales llevan tres generaciones viviendo en el mayor asentamiento alegal de España.

En total hay 2.455 construcciones, de las cuales 2.272 son viviendas y 183 son naves e industrias, algunas de gran actividad económica.

Este acuerdo "ambicioso", según Victoria, se aprueba tres años después de que la Asamblea de Madrid votara la llamada Ley de la Cañada Real, que fijaba un plazo de dos años para que la Comunidad y los tres ayuntamientos alcanzaran un consenso en materia urbanística, de seguridad y social.

Además, según la ley de marzo de 2011, el Acuerdo marco tenía que contar con la participación de las asociaciones vecinales, por lo que se constituyó la llamada 'Mesa social' para negociar cuestiones como la posibilidad de compra del terreno por los vecinos o bien el realojo de aquellos que no puedan afrontarla.

En concreto, los sectores 5 y 6 de la Cañada en el municipio de Madrid tendrá un plan específico de atención social, por ser el tramo con más familias en desarraigo social, un asunto que se abordará "caso por caso, familia por familia", según detalló el año pasado el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.

RIVAS VACIAMADRID NO FIRMARÁ EL ACUERDO

El Ayuntamiento de Rivas ha reaccionado con "estupor" ante el anuncio que ha realizado esta mañana la Comunidad de Madrid de aprobar y presentar el próximo 9 de mayo el 'Acuerdo marco sobre la Cañada Real' porque considera que dicho convenio "no cierra la herida abierta ni el problema social" de sus habitantes.

El Consistorio critica que el texto definitivo se haya filtrado antes a los medios que a los ayuntamientos.

"Decir que no hemos alegado es una excusa torticera. Nos mandaron a primeros de año el documento y les comunicamos que no lo firmarían, pero nos dijeron que habría un proceso de negociación que no hubo", ha dicho el edil de Urbanismo de Rivas, Fausto Fernández. El documento no ha contado con las principales aportaciones alternativas presentadas por el Consistorio ripense, ni con la firma de la administración municipal. Aportaciones, porque, según el edil de Urbanismo, Fausto Fernández, no es un proceso administrativo al uso con alegaciones.

Fernández ha señalado que enviaron un texto alternativo el pasado 21 de septiembre a la Consejería de Asuntos Sociales, el que proponían que "de aquellos residentes que no puedan optar a sus viviendas el Consorcio se responsabilizará de su realojo". Rivas planteó a la Comunidad que contemple en el plan también las viviendas que no están edificadas en la propia vía pecuaria, sino también en los márgenes, porque "sería dejar una parte del problema sin solucionar". También plantearon que se pongan en marcha instrumentos para ayudar a las familias con escasos recursos y que no podrían comprar la propiedad ni hacer frente a darle unas condiciones mínimas de habitabilidad a las mismas.

LOS VECINOS SE MUESTRAN CONTENTOS CON EL ACUERDO

Las asociaciones de vecinos de la Cañada Real se han mostrado satisfechos por el informe del acuerdo marco aprobado hoy por el Consejo de Gobierno regional y han marcado como prioridad saber quién se quedará en la zona y a que preció comprarán el terreno donde están asentadas sus casas.

También se han mostrado preocupados por conocer la actitud del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que se ha descolgado del dicho acuerdo. De hecho, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector IV, Lidia Resani, está "a la expectativa" de que pasos dará este municipio.

"Frente a todas las discusiones políticas, el acuerdo debe dar prioridad a todas las personas y que se haga lo antes posible para evitar el efecto llamada. La intención es que no haya ni vencedores ni vencidos y en estos estamos todos de acuerdo", ha dicho Resani.

Igualmente, al igual que otros representantes vecinales, ha pedido estar en la Mesa del organismo conjunto entre las diferentes administraciones para dar su opinión porque "nadie mejor que nosotros conoce la Cañada".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Valdemingómez, del sector VI de la Cañada, Elena Martín, también se ha felicitado por el acuerdo porque llevan tres años esperando, ya que la Ley se aprobó en 2011 y se fijaba 2013 para el mismo. Ahora, Martín considera que lo más urgente es saber cuánta gente se va a quedar, cuánto constará el terreno a los vecinos que finalmente se queden y a quiénes se va a realojar, teniendo en cuenta que el sector VI es el que presenta más infraviviendas y también más 'tiendas de la droga'. "Hay cada vez menos, pero ahí siguen", ha apuntado.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector V, Miguel Martín Nombela, también ha abogado por estar representados en la mesa en la que se tomarán las decisiones, especialmente para dar voz y voto al tema más peliagudo, que es el precio de las parcelas. "La prioridad ahora es que no haya derribos, que se acondicione un poco la zona, se ponga algo decente y asfaltada para que la gente pueda circular mejor. Y luego ya vendrán el acantarrillado y otras infraestructuras. Pero es urgente que la gente deje de pisar barro", ha apuntado.

Martín Nombela ha criticado la posición del Ayuntamiento de Rivas y la "presión psicológica" que, a su juicio, han realizado durante todos estos años para "quedarse con la zona" y no legalizar los terrenos. "Pero lo importante es que ahora tenemos un acuerdo. No es una panacea, pero es el inicio de muchas cosas. Queremos que se quede la mayor parte de los residentes posible", ha finalizado.