La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, se han reunido con representantes de las empresas energéticas para analizar los mecanismos necesarios para evitar que ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión social se queden sin suministro.
El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes (PP) considera "imprescindible" la colaboración de los operadores del sector para conseguir este objetivo, destaca la Comunidad de Madrid en un comunicado. El Consejo de Gobierno del 15 de septiembre pasado aprobó un acuerdo a fin de "instar a las empresas de suministro energético para que mantengan este servicio a todas las familias que se encuentren en situaciones de exclusión".
Este acuerdo viene a desarrollar la medida número 139 del programa electoral de Cifuentes, donde se comprometía a poner en marcha iniciativas para hacer frente a las difíciles situaciones que viven "muchas" familias madrileñas por situaciones sobrevenidas, como la pérdida del empleo.
Para el cumplimiento de este compromiso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido contar con la implicación de todos los sectores sociales y, especialmente, de las empresas energéticas. "Empresas que también deben contribuir a que los madrileños dispongan de unas condiciones mínimas de habitabilidad cuando se encuentran en situaciones difíciles, en aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa y de solidaridad", según el Gobierno regional.
Los representantes de la Comunidad de Madrid que han asistido a la reunión de hoy han asegurado que "se van a agotar todas las vías de diálogo y negociación" con las empresas eléctricas para convertir en realidad esta iniciativa solidaria. En esta línea, han reiterado su compromiso de que ningún madrileño se quede sin suministro energético por falta de recursos, y espera contar para ello con la sensibilidad social de los operadores del sector.
En este ámbito, otras empresas suministradoras de recursos esenciales, como el Canal de Isabel II, disponen ya de una tarifa social, que se aplica a las personas que pasan dificultades económicas y no pueden hacer frente al pago de los recibos de agua.
Para el Gobierno regional, no hay la menor duda de que es posible ayudar a las familias que lo están pasando mal, para evitar "situaciones lacerantes de pobreza energética". Actualmente las conversaciones están en una fase inicial, y la Comunidad adelanta que van a continuar con el fin de llegar a un acuerdo beneficioso para los madrileños que lo necesitan.