El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucional presentado por PSOE contra dos artículos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013 que prevén la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud públicos de la región,
Un grupo de más de 50 senadores del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta presentó el 27 de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 62 y 63 de la Ley Acompañamiento aprobada por la Asamblea de Madrid el 28 de diciembre al entender que estos artículos supondrían el "desmantelamiento" de la sanidad pública en la región y afectaban al principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a la sanidad pública.
Un mes más tarde es el Tribunal Constitucional el que responde señalando que admite a trámite este recurso y que da traslado de ello al Congreso de los Diputados y Senado, al Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid y a la Asamblea de Madrid, "al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones" que estimen convenientes.
CONTRA EL "APARTHEID SANITARIO"
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, se ha mostrado satisfecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso presentado contra la "privatización" de la sanidad madrileña y ha anunciado que recurrirán los pliegos de la externalización de la gestión de seis hospitales públicos.
Es "un paso más en el camino para frenar el desmantelamiento que supone la privatización de la sanidad en Madrid". Un paso más -ha concretado- en la vía constitucional porque el líder de los socialistas madrileños ha anunciado que acudirán "a cuantos tribunales nos permita la ley" para recurrir los pliegos de condiciones y "paralizar la privatización de la sanidad".
El senador y secretario general del PSM, Tomás Gómez, explicó en su día que llevaban estos artículos de la Ley de Medidas ante el Constitucional al considerar que la "privatización" supondría un "apartheid sanitario" en la Comunidad, de manera que los ciudadanos que fueran atendidos en los hospitales y centros de salud afectados por la externalización quedarían "marginados".
Entonces, al igual que ha seguido haciendo hasta hoy, Gómez afirmó que lo que buscan es "defender la sanidad universal, pública y gratuita", y alegó que esta ley madrileña vulneraba "varios artículos de la Constitución y el espíritu constitucional". Además, precisó que supone una "ruptura del aseguramiento y la cobertura universal" y que la norma "no cumple con las normas de derecho".
Fuentes socialistas precisaron que la medida vulnera los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (principio de igualdad), 41 (régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos), 43 (protección de la salud), 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social) y 149.1.18 (régimen jurídico de las Administraciones Públicas) de la Constitución Española.
LASQUETTY: NO PARALIZA NADA
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ha dicho que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE contra la externalización de la gestión de centros sanitarios "no tiene ningún efecto de suspensión ni paraliza nada".
Lasquetty ha subrayado, en una entrevista en Radio Nacional de España, que el Tribunal Constitucional ha hecho "lo que hace siempre" cuando recibe un recurso, que es admitirlo a trámite "sin entrar ni siquiera superficialmente en el fondo del asunto", algo que "hará en la sentencia, cuando llegue el momento", ha añadido.
El titular de sanidad ha opinado que el recurso del PSOE "no tiene ni la menor base" y que el grupo lo presentó para "quedar bien con algún sindicato".
A este respecto, Lasquetty ha recordado que "buena parte de los hospitales" son gestionados por empresas externas "desde hace años", ante lo que se ha preguntado si "ahora todo eso es inconstitucional".
En este sentido, ha dicho que "el PSOE sabe perfectamente que eso es absurdo" y que "hay leyes que amparan" la externalización.
Por otro lado, el consejero se ha referido a la aplicación del euro por receta que el Gobierno de Madrid impuso y que actualmente también está paralizado por el TC, para señalar que el órgano tampoco entró en el fondo del asunto.
Lasquetty ha opinado que la regulación del euro por receta en Madrid es "completamente diferente de la de Cataluña" y ha destacado que en los 22 días que estuvo vigente hubo una reducción de cuatro millones en la factura de farmacia que paga Comunidad de Madrid.