La cooperativa Residencial Maravillas, creada para la construcción de viviendas en un antiguo solar del Ministerio de Defensa en Chamberí, asegura que el Ayuntamiento de Madrid les "plantea requisitos contrarios a la normativa", al exigir que el patio interno del futuro edificio sea de uso público. Además, el Ayuntamiento pretende recibir en forma de locales comerciales la compensación de las "redes locales" que debería abonarse en dinero, una petición que a juicio de las 318 familias que integran la cooperativa "carece de amparo legal".
De ahí que los cooperativistas, hayan presentado alegaciones al Consistorio madrileño en respuesta a los requisitos que los técnicos municipales les han planteado para desbloquear la tramitación de su proyecto de viviendas, han explicado hoy en rueda de prensa.
Para la cooperativa, que depende de la aprobación del convenio urbanístico por el Ayuntamiento para comenzar el desarrollo, las peticiones del consistorio son "contrarias a la normativa vigente y vulneran derechos elementales de los futuros residentes de la viviendas", en la calle de Raimundo Fernández Villaverde.
La pretensión municipal de "alterar el carácter del espacio libre privado vinculado al uso de su proyecto de viviendas", supondría convertir en espacio público "la totalidad o parte del patio de manzana".
Este requerimiento "no tiene amparo legal alguno", además de ser "contrario a lo establecido en el Plan Parcial de Reforma Interior", aprobado por el pleno del Ayuntamiento el pasado 27 de noviembre, en una votación que obtuvo los votos a favor de una parte de los concejales de Ahora Madrid.
Tras afirmar que el plan parcial "tiene rango de ley", han destacado que en él figura "un patio de manzana de carácter privado, con calificación urbanística de espacio libre de uso privado vinculado al uso residencial y nunca al dotacional".
También han criticado que el Ayuntamiento pretenda recibir la compensación de "redes locales" mediante la entrega de "locales comerciales por la Cooperativa a un precio muy inferior al del mercado", han dicho los representantes de los socios. Anteriormente, ya accedieron a reducir en 460 las plazas de garaje, de las 1.450 previstas inicialmente a las actuales 990, a petición municipal, pese a tratarse de un barrio "especialmente deficitario en aparcamientos".
También accedieron a retranquear la acera del solar que da a la calle Raimundo Fernández Villaverde, para prolongar el jardín de uso público que hay en las dos manzanas siguientes, cuyas edificaciones tuvieron que ceder en su día el mismo espacio para uso público, pero que sin embargo pudieron conservar el uso privado de sus patios interiores, han explicado.
EL GOBIERNO DE ANA BOTELLA APROBÓ EL PLAN PARCIAL SIN ALEGACIONES
Los cooperativistas han dicho, además, que "no han sido recibidos por ningún cargo político", sino que los contactos han sido con departamentos técnicos del ayuntamiento.
Tras reiterar que "cumplen la ley" y que "quieren avanzar" para empezar a construir, los representantes de las familias han recordado que tras constituirse la cooperativa en 2014, meses antes de la subasta del terreno por Defensa, el equipo de Ana Botella aprobó el Plan Parcial que fue sometido al periodo de información pública "sin que nadie presentara alegaciones".
Según los socios, el consistorio pretende promover "la tramitación de un Plan Especial que retrasaría aún más el inicio de las viviendas", lo que podría incurrir "en nulidad de pleno derecho al no ser un instrumento urbanístico legalmente habilitado" para ello.
"Queremos cumplir la ley, esta parálisis no beneficia a nadie", ha dicho el cooperativista Juan Andrés García, de 37 años y padre de un bebé de seis meses, quien ha cuestionado si en este "enrocamiento" habría "discrecionalidad" y una postura "totalmente ideológica", y ha pedido que los responsables políticos "les reciban".
Sobre las declaraciones de la alcaldesa Manuela Carmena, que el pasado día 23 dijo que la situación estaba resuelta, aunque "de una manera compleja y con tensión" en palabras de Carmena, desde la cooperativa discrepan de ello y aseguran además que "no hay plazo para firmar el convenio", según Juan Alonso, del consejo rector de la cooperativa.
García, por su parte, ha subrayado que se trata de "familias de clase media", que están pagando 1.500 euros de promedio por la parte que les corresponde del préstamo que hizo la cooperativa para adquirir el terreno, y si el bloqueo se prolonga, muchos tendrán que seguir pagando mientras un alquiler.
Han recordado que la Comisión del Patrimonio descartó en su día que hubiera edificios protegidos en la manzana subastada por Defensa, que también Ecologistas en Acción descartó que hubiera árboles protegidos, y que el patio, de entre 1.800 y 2.000 metros, no tenía uso público previo al hallarse dentro de un inmueble de carácter militar.
Como el Ayuntamiento no tiene establecido un plazo para responder a las alegaciones, los socios de la cooperativa, que gestiona la empresa Domo, piden que las autoridades municipales les reciban, ya que la vía de emprender acciones legales retrasaría aún más el inicio de la construcción.
EL AYUNTAMIENTO RECLAMA UN 10% DEL TERRENO PARA USO PÚBLICO
La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha señalado que el Gobierno municipal de Ahora Madrid aprobó la finalización de la tramitación del plan parcial presentado por los cooperativistas de Raimundo Fernández de Villaverde, a los que se les exige que "el 10 por ciento del terreno que es público siga siendo público, que no se monetarice, que esa plaza no sea de uso privativo".
Y es que "los intereses privados y los de los particulares deben ser compatibles en la ciudad, que es de todos". Ese 10 por ciento irá a dotaciones y equipamientos.
Igualmente ha destacado las reuniones mantenidas con el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y su equipo.
