Desarticulados dos clanes que explotaban a mujeres a las que tatuaban códigos de barras

Dos clanes de nacionalidad rumana han sido desarticulados por la Policía Nacional acusados de obligar a mujeres a practicar la prostitución y entregarles después gran parte del dinero obtenido. Los responsables de los grupos aplicaban duras medidas de castigo a las mujeres que intentaban escapar, llegando incluso a tatuarles un código de barras en sus muñecas con la deuda contraída con la organización.

Los agentes seguían los pasos de un clan que obligaba a las mujeres que ejercían la prostitución en el polígono Marconi de Madrid a facilitarles parte de sus ganancias. Este grupo captaba, transportaba y explotaba coactivamente a otras mujeres, algunas de ellas menores de edad, en la calle Montera de la capital y en diversos clubes de la Comunidad.

Los investigadores pudieron comprobar que los proxenetas vigilaban y controlaban a las mujeres, a las que también denominaban 'maletas', 'bultos' o 'bicicletas', y se repartían la zona por sectores donde distribuían a las mujeres, quedando prohibido que otras ejercieran en ese lugar. Los agentes constataron que los proxenetas pagaban un canon en concepto de "alquiler" de la zona.

El líder de esta red de proxenetas tenía en vigor una requisitoria judicial emitida por Rumanía por delitos de esta misma naturaleza y contaba con la colaboración de otros hombres y algunas mujeres de confianza que, además de ejercer la prostitución, controlaban al resto.

Las mujeres realizan los servicios de prostitución en diferentes pisos de la zona que los propios proxenetas alquilaban en las inmediaciones de la calle Montera y que denominaban 'tonas'. Los miembros de la red controlaban a las mujeres incluso en el interior de los pisos, mientras efectuaban los servicios, para retirarles inmediatamente el dinero que recaudaban.

Los agentes comprobaron que algunos de sus miembros se dedicaban también a otras actividades delictivas como el tráfico de sustancias estupefacientes, hurtos al descuido a los viandantes o a clientes, robos con fuerza o receptación.

ATADA A UN RADIADOR SIN COMIDA

Las investigaciones policiales condujeron hasta otro clan, liderado por el sobrino del cabecilla de la otra organización, que igualmente se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres. Los agentes averiguaron que esta persona mantenía secuestrada a una joven de 19 años que intentó escapar del control de esta organización.

El tío --y líder de la otra red investigada-- había aconsejado a su sobrino que la atara con cadenas a un radiador y no le diera de comer como represalia por tratar de fugarse.

Los agentes pusieron inmediatamente en marcha un dispositivo policial para rescatar a la mujer, ante el riesgo que podía correr su vida e integridad física, y simultáneamente proceder a la detención de todos los miembros de los dos grupos delincuenciales.

Los investigadores lograron liberar a la joven, que estaba retenida en un piso de Valdemoro y presentaba múltiples lesiones de diversa consideración fruto de los golpes y latigazos a los que había sido sometida.

Además, tenía tatuado un código de barras en su muñeca con la deuda contraída con el clan, como señal de identidad y certificado de 'propiedad', y le habían rasurado las cejas y el pelo de la cabeza. Ocho personas fueron detenidas en ese momento.

Paralelamente se realizaron registros en otros cuatro domicilios de los dos clanes en Madrid capital y en Getafe en los que otras catorce personas fueron arrestadas. Los dos cabecillas fueron también detenidos en la operación.

ARMAS, SABLES, 140.000 EUROS Y VEHICULOS

En los registros se intervinieron tres armas de fuego ilegales, con su munición; armas simuladas; numerosas armas blancas --como sables y machetes--; unos 140.000 euros, más de la mitad oculto en un doble techo de la casa de uno de los cabecilla; gran cantidad de joyas de oro; cinco vehículos, tres de ellos de lujo; así como numeroso material electrónico de última generación.

La operación ha sido realizada por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 52 de la capital, y ha contado con la colaboración de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Getafe, la Comisaría de Distrito de Carabanchel y la Policía Municipal de Madrid.