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La Guardia Civil ha detenido este miérrcoles al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II en la que han sido arrestadas otras once personas. El juez, en el marco de la operación Lezo, investiga presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Es decir, si desviaron fondos del Canal, entidad pública presidida por González entre 2003 y 2012, para enriquecerse.

Durante todo el día, hasta las 19.15 horas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado el domicilio del exmandatario madrileño en una urbanización de Aravaca, en Madrid, búsqueda en la que se han utilizado incluso perros especializados en detección de dinero.

Terminada la búsqueda en su casa, los investigadores se han desplazado al despacho de González, que pasará la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Además de Ignacio González, está detenidos su hermano Pablo, directivo de Mercasa, empresa pública cuya sede ha sido registrada.

Se da la circunstancia de que los jueces José de la Mata y Velasco se han coordinado para desarrollar sendas operaciones contra Mercasa y contra el Canal de Isabel II, dado que esta última investigación afecta tangencialmente a la primera empresa.

Otro de los detenidos es Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, filial colombiana del Canal, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos. También ha sido arrestada María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal.

Los agentes de la UCO no solo han registrado el domicilio y el despacho de Ignacio González. También lo ha hecho en la sede del Canal; en Subastas Segre, presidida por Lourdes Cavero, mujer del expresidente madrileño e investigada en la causa; en Urbaser, empresa ya investigada en el caso Púnica, o en Auditel.

VELASCO TOMA DECLARACIÓN A CIFUENTES Y GARRIDO COMO TESTIGOS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha acogido a su derecho a declarar por escrito como testigo en el caso de presunta corrupción en el Canal de Isabel II que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El magistrado sí ha tomado ya declaración en su despacho de la plaza de Pontejos de Madrid al consejero de Presidencia de la comunidad, Ángel Garrido. El magistrado se ha desplazó hasta allí acompañado de los dos fiscales anticorrupción para interrogale como testigo de un posible caso de corrupción en el Canal de Isabel II.

La declaración del "número dos" del gobierno madrileño se ha prolongado por espacio de hora y media. A continuación, estaba prevista la declaración de Cristina Cifuentes que, finalmente, ha optado por acogerse a su derecho a declarar por escrito.

La comitiva judicial le ha dejado un cuestionario que deberá remitir al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Velasco no ha querido hacer ninguna valoración de los interrogatorios de hoy, ya que el caso está bajo secreto de sumario.

Al tratarse de miembros de un Gobierno autonómico, ambos han podido invocar el artículo 412 de la Ley de Enjuicimiento Criminal que les permite declarar desde su despacho o declarar por escrito.

Ellos llevaron a la Fiscalía en julio de 2016 sus sospechas sobre las presuntas prácticas fraudulentas en la gestión del Canal en la etapa anterior. La Fiscalía Anticorrupción investigaba los hechos desde octubre de 2015, pero en verano del año pasado se judicializó el caso.

Poco después de la presentación de esa denuncia, el actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ordenó el cierre de una decena de empresas que en Latinoamérica tenían poca actividad o ésta no se correspondía con las relativas al ciclo integral del agua.

Una de esas empresas fue la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, en este caso comprada en 2013. Según una denuncia presentada este mismo año por PSOE, Podemos y Ciudadanos, la empresa Emissao se compró por 21,4 millones de euros, un mes después su patrimonio neto era de 10,6 millones y otro año después tan solo de 5,3 millones.

Otra de las medidas que tomó el Gobierno de Cifuentes fue cesar a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la filial del Canal en Latinoamérica al aparecer su nombre en los "papeles de Panamá".

Los otros citados hoy por el juez como testigos son la jefa de Gabinete de Cifuentes, Marisa González, el actual director general del Canal, Rafael Prieto, y el presidente del grupo Atresmedia y de Planeta, José Crehueras.

Los tres han declarado por la mañana. Ni Marisa González ni Rafael Prieto han querido hacer declaraciones a la salida de la Audiencia Nacional por tratarse de un caso que está bajo secreto sumarial, pero el responsable del Canal ha confirmado que ha explicado al juez la información que en su día aportó a la Fiscalía.

El juez también ha citado como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de este mismo periódico, Mauricio Casals, a quienes tomará testimonio mañana jueves. Edmundo Rodríguez Sobrino es consejero de Audiovisual Española 2000, editora de ese periódico.

Está previsto que mañana también comiencen a comparecer ante el juez algunos de los arrestados en esta operación, que ha supuesto la suspensión de militancia de González en el PP.

UNA OPERACIÓN "COMPLICADA", SEGUN EL JUEZ VELASCO

El juez Eloy Velasco ha asistido esta tarde a la presentación de su libro en plena operación Lezo y ha explicado al inicio del acto que ha acudido por respeto a los asistentes a pesar de que está "cansadísimo" y que deberá seguir con una operación que ha calificado de "complicada".

Al inicio del acto de presentación del libro "Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance", que ha escrito con su mujer, el magistrado ha explicado que ha decidido acudir a pesar de que pudiera parecer que "no era el día indicado para mantener la actividad".

"Estoy cansadísimo, me he levantado a las 5 de la mañana", ha dicho el juez, que ha añadido que justo después de la conferencia tendrá que marcharse para seguir trabajando "porque son operaciones complicadas". "No podíamos interrumpir el acto por culpa del trabajo", ha afirmado el juez y lo ha mantenido "por respeto" a asistentes que han acudido a la sede de Deusto Business School, donde se celebra, venidos de fuera de Madrid.

Este magistrado dirige la operación Lezo, en la que se han practicado diversos registros y se ha detenido a doce personas, entre ellas el expresidente madrileño Ignacio González por presuntos delitos de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.

LA OPOSICIÓN INTENTA QUE GARRIDO COMPAREZCA Y EL PP LO RECHAZA

El grupo parlamentario popular ha rechazado que el consejero de Presidencia y actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, comparezca mañana en la Asamblea de Madrid para informar sobre el caso de corrupción en ente público en el marco de la operación Lezo.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha señalado hoy a los medios tras la reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces que "no es serio plantearlo de hoy para mañana", ya que la investigación está bajo secreto de sumario y todavía se están produciendo declaraciones y actuaciones judiciales. Garrido es uno de los cinco testigos que han sido llamados a declarar en el marco de la llamada operación Lezo, y entre los que se encuentra también la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que ha contestado por escrito a las preguntas del juez.

La iniciativa partía del PSOE-M, que solicitaba incluir un punto adicional en el orden del día para que se aborde el asunto, pero al no haber unanimidad en la Junta con el rechazo del PP, la comparecencia no se producirá el Pleno de mañana. Sin embargo, el PP ha considerado que podría plantearse la comparecencia para más adelante si "el secreto de sumario permite informar".

Ossorio ha indicado que Garrido "jamás ha rechazado" dar explicaciones en la Asamblea, ya que ha respondido 26 preguntas en Pleno sobre el Canal y ha comparecido en las comisiones de presidencia y endeudamiento del Parlamento regional.

El portavoz del PSOE_M, Ángel Gabilondo, ha explicado que habían solicitado la comparecencia de Garrido porque "a veces llama la atención" que en la Asamblea se traten unos asuntos "mientras toda la sociedad está pendiente de otros". Desde el PSOE-M han comentado que están dispuestos a solicitar un Pleno extraordinario para que se trate el caso del Canal, ya que consideran que "hay urgencia para que se debata esto". "Nos parece realmente alarmante, no son asuntos aislados, ya tocan a las estructuras, a las raíces de la Comunidad de Madrid y provocan una desafección y un desconcierto en la sociedad de tal calibre que es bueno que el parlamento (...) sea un lugar para hablar de eso", ha dicho Gabilondo.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha destacado que "no tiene mucho sentido que no se hable ninguna sola palabra sobre un tema como este por cuestiones que el PP se niega". Para la portavoz "no hay ninguna colaboración para esclarecer estos hechos, no hay voluntad de dar ninguna explicación a la ciudadanía, ni hay ningún deseo de romper con el pasado de corrupción en un día como hoy".

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha indicado llevarán la comparecencia de Garrido a los próximos Plenos "porque no se puede permitir que no se hable de esta caso en la Asamblea" porque consideran que "es preocupante" que Ignacio González haya sido detenido.

AGUIRRE DECLARARÁ ESTE JUEVES COMO TESTIGO EN LA GÜRTEL

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre declara este jueves como testigo en el juicio de Gürtel, un día después de la detención de Ignacio González, el que fuera su mano derecha y al que designó como sucesor al frente de la Comunidad de Madrid cuando en 2012 decidió dejar el cargo y dar "un paso atrás".

Aguirre, actual portavoz municipal del PP en Madrid, solo tendrá que responder por el caso Gürtel, en concreto sobre las prácticas de fraccionamiento de contratos en la Comunidad de Madrid. Fue ese el motivo por el que el tribunal de Gürtel accedió a la petición de las acusaciones de llamarla a declarar y "no por su condición política".

Aguirre será la primera de una serie de altos cargos o ex altos cargos del PP que declarará como testigo en el juicio, pues también están citados Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. Y, como decidió ayer el tribunal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Precisamente hoy se ha conocido que el tribunal dictará una resolución con una fundamentación razonada de su decisión de que declare como testigo Rajoy, que contará con un voto particular discrepante del presidente de la Sala, Ángel Hurtado.

En cuanto a Aguirre, ya contestó en septiembre de 2013 por escrito a las preguntas que el entonces instructor del caso Gürtel Pablo Ruz. Testificó que no sabía quién era el cabecilla de Gürtel Francisco Correa hasta que se destapó la trama en 2009, ni tampoco que se estuvieran cometiendo irregularidades en la contratación en la Comunidad de Madrid. "No le he visto en mi vida, salvo en fotografía después del auto de febrero de 2009 (cuando estalló el caso Gürtel). En las grabaciones que se entregaron al juez Garzón el señor Correa me ponía a mí a escurrir", afirmaba Aguirre en una de las respuestas a las 170 preguntas sobre esta causa que contestó por escrito en su despacho de la calle Génova.