Detenido Miguel Ángel Flores, el principal acusado del Madrid Arena

El empresario de ocio y espectáculos Miguel Ángel Flores ha sido detenido por quebrantar la medida cautelar de presentación quincenal en el juzgado que tenía como principal acusado del caso Madrid Arena, la tragedia que costó la vida a cinco jóvenes durante una fiesta de Halloween en 2012.

Flores se tenía que haber presentado ayer jueves día 8 en el juzgado, pero no acudió a firmar su libertad condicional sin haber justificado ninguna causa que le impidiera cumplir con la obligación de comparecencia judicial, según fuentes judiciales.

Poco después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, decidiera su detención a primera hora de la tarde, el empresario fue localizado y arrestado y será puesto a disposición judicial el próximo lunes "en horas de audiencia", es decir, por la mañana.

Para ese mismo día han sido convocadas todos los abogados de las partes personadas en el proceso.

Flores se encontraba en libertad provisional bajo fianza de 200.000 euros después de que el 27 de diciembre de 2012 el juez del caso ordenara su ingreso en prisión provisional, comunicada y eludible bajo fianza, por riesgo de fuga. Al día siguiente salió en libertad tras el pago de la cantidad.

Además, el juez impuso a Flores la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecencia judicial los días 8 y 22 de cada mes, lo que ha quebrantado ahora.

Además de no comparecer ayer, el acusado no justificó "en forma alguna" la causa de su incomparecencia, "como era su estricta obligación", según el auto del juez -al que tuvo acceso EFE- que puede ser recurrido.

La tragedia del Madrid Arena se desencadenó a las tres de la madrugada del 1 de noviembre de 2012, cuando la estrella de la fiesta del Madrid Arena, el DJ Steve Aoki, se subió al escenario ante una pista central repleta de jóvenes.

Poco después alguien, supuestamente un responsable de Madridec, dio la orden de que se abriese un portón de emergencia para que accediesen directamente a la pista central cientos de jóvenes, muchos de los cuales hacían botellón junto al recinto.

Un empleado de Seguriber ejecutó esta orden, que según los letrados de la acusación particular pudo desencadenar la avalancha que causó la muerte de Cristina Arce, Belén Lagdon, Katia Esteban, Rocío Oña y María Teresa Alonso.

Esa decisión pudo ser la gota que colmó un vaso lleno de las posibles dejaciones, irresponsabilidades e incluso ilegalidades, como la venta de más entradas por parte del promotor de la fiesta y dueño de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores.

Flores, que quedó en libertad tras prestar su primera declaración ante el juez, echó la culpa sin embargo al Ayuntamiento y a la Policía Municipal, ya que en su opinión la empresa municipal Madridec fue la encargada de contratar a la empresa de Seguridad (Seguriber), y los agentes no hicieron nada para evitar el botellón que había en la puerta.

El juez Eduardo López-Palop ha imputado por el momento a más de veinticinco personas pertenecientes a Diviertt -empresa promotora de la fiesta-, Kontrol 34, Seguriber, Madrid Espacios y Congresos -la empresa municipal gestora del Madrid Arena-, el equipo encargado de la asistencia médica en el evento y la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Precisamente esta semana el juez ha remitido a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos un informe policial sobre la situación patrimonial de los promotores de la fiesta Miguel Ángel Flores y su hermano José, también imputado, por si hubieran cometido delito.

El juez abrió el 22 de mayo de 2013 una pieza separada para la investigación patrimonial (cuentas y enajenación de bienes) de los empresarios Miguel Ángel y José María Flores, imputados en la causa, y de su empresa Diviertt, promotora del evento.

Como resultado de las pesquisas, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional informó al juez que han existido distintos movimientos de capital entre sociedades situadas en Ecuador y Panamá y empresas o cuentas bancarias a nombre de los imputados y de Diviertt.