Agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid han desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a menores a las que también obligaban a delinquir y han detenido a 41 ciudadanos búlgaros acusados de delito de trata. Según ha informado la Policía en un comunicado, han sido liberadas 14 víctimas en España, 12 de ellas menores de edad, así como otras 4 menores en distintos países europeos.
La investigación se inició en el mes de abril del año pasado cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal integrado por ciudadanos de países del este, que se dedicaba a cometer robos en comercios y vender la mercancía sustraída en diferentes países europeos.
Los investigadores detectaron que la organización ocupaba inmuebles pertenecientes a entidades bancarias que estaban ubicados en la capital madrileña y desde allí dirigían el entramado criminal. Las víctimas, mujeres jóvenes y niñas, residían hacinadas en estas viviendas.
Eran traídas desde Bulgaria con falsas promesas y una vez en España eran preparadas para obedecer las instrucciones delictivas que ordenaba el cabecilla. Pagaban en función de la pericia que tuvieran robando. En algunos casos estas menores viajaban desde Bulgaria con autorizaciones realizadas por sus propios padres.
La organización compraba las niñas a sus propios familiares a cambio de una cantidad económica acordada, efectuando el pago en dos abonos, uno en el país de origen y otro una vez se encontraban en España y en función de la pericia delictiva que mostraran las menores.
Estaba compuesta por unos "especialistas" encargados de localizar y ocupar pisos deshabitados, desde donde se centralizaban las operaciones. Otros miembros de la organización actuaban como 'pasadores', con la misión de seleccionar y acompañar hasta España a las víctimas.
Algunos detenidos hacían de controladores, encargándose del cobro y gestión de las viviendas. Además, otras integrantes del grupo criminal actuaban como 'adiestradoras', dedicadas a la formación de las nuevas víctimas, mayoritariamente menores de edad con poca experiencia delictiva; mientras que los 'receptadores' se encargaban de vender los productos robados por las víctimas.
Las pesquisas han podido determinar que varias de las menores de edad, una de ellas de apenas 13 años, fueron obligadas a casarse con miembros de la organización o a ejercer la prostitución como parte del pago a los familiares de las mismas.
En los registros practicados se localizaron distintas autorizaciones de viaje firmadas por los padres de las víctimas para que viajaran desde Bulgaria a España, se hallaron multitud de aparatos electrónicos, principalmente de telefonía, así como objetos de valor y joyas de oro procedente de las acciones delictivas. También se intervino una gran cantidad de dinero además de 28 documentos de identidad de distintas personas de diferentes nacionalidades.
