La Policía ha detenido a 23 falsos revisores de gas que supuestamente defraudaron más de 32.000 euros y que amenazaban a sus víctimas, en su mayoría personas mayores, con cortarles el suministro o llamar a la Policía si no abonaban los "abusivos" precios que pedían por unas reparaciones no realizadas.
Cinco de los integrantes del grupo, máximos responsables de la red, ya han ingresado en prisión provisional, según un comunicado de la Dirección General de la Policía.
Los presuntos estafadores fueron detenidos cuando trataban de cambiar la titularidad y la denominación legal de la empresa y se habían trasladado a otro local para evitar ser descubiertos.
EL MISMO 'MODUS OPERANDI'
Sus principales víctimas eran personas de avanzada de edad que vivían solas o con personas que están mucho tiempo ausentes y a las que cobraban por el servicio "precios abusivos", muy por encima de lo establecido en el mercado, según la Policía.
Los integrantes de la organización seguían siempre el mismo 'modus operandi': concertaban una cita por teléfono con las víctimas para no levantar sospechas y después acudían al domicilio seleccionado con el equipo, el uniforme y la acreditación propia de los inspectores de gas.
Estos arrestados se aprovechaban del desconocimiento de las víctimas para exigirles precios "abusivos" por inspecciones de la instalación de gas que nunca llegaban a realizar, amenazándolos incluso con cortarles el suministro o llamar a la Policía en caso de que se negaran.
De hecho, los presuntos estafadores llegaron a trasladar en sus propios vehículos a algunas de sus víctimas para que retirasen el importe que les exigían de los cajeros automáticos.
Algunos de los estafados, que abonaron el importe de las falsas inspecciones con tarjeta de crédito, han denunciado que los detenidos también les habían tratado de realizar cargos fraudulentos por importes superiores a 5.000 euros.
En otros casos, la banda aprovechaba el descuido de las víctimas para sustraerles objetos de valor de las viviendas.
Los cabecillas del grupo eran el titular de la empresa y su pareja sentimental, quienes daban las instrucciones a los empleados sobre cómo abordar a las víctimas para ganarse su confianza.
El administrador de la empresa era el único autorizado para acceder a una cuenta bancaria a la cual intentaban transferir ilegalmente dinero de las víctimas.
En el momento de los arrestos, la organización criminal trataba supuestamente de crear una nueva empresa para evitar ser descubiertos y, para ello, habían cambiado la denominación legal de la compañía y se habían trasladado a otro local comercial.
Además los detenidos habían incorporado como nuevo fraude hacer firmar a las víctimas un contrato de mantenimiento que les unía a la nueva empresa por cinco años, de forma que las víctimas creían que lo que firmaban era la factura por los servicios prestados.
Los detenidos actuaban principalmente en los barrios madrileños de Puente y Villa de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Usera.
