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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Rumanía, han detenido a 21 personas miembros de una organización en una operación contra el tráfico ilícito de vehículos en la que han recuperado 24 automóviles de alta gama, cuyo valor asciende a un millón de euros.

Los miembros de la organización, fuertemente estructurada, se apropiaban indebidamente de vehículos en España, falsificaban su documentación y los vendían de forma fraudulenta en Rumanía, Francia, Alemania y Portugal, ha informado la policía.

Han sido detenidas siete personas en Rumanía y 14 en España (Barcelona, Lleida y Madrid), entre ellas el líder de la organización, al que se detuvo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y que había conseguido escapar en un primer momento.

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Se han intervenido 16 vehículos en Rumanía y 8 en España, cuyo valor asciende a 1.000.000 de euros, además de permisos de conducir españoles falsificados, placas de matrícula y útiles para el robo y la falsificación, entre otros.

La forma de actuar de esta organización consistía en la compra de vehículos tanto a empresas como a particulares mediante financiación, utilizando a “mulas” o personas dedicadas a esta labor.

Posteriormente, los miembros del grupo comenzaron a crear empresas ficticias con la finalidad de acceder a la financiación de flotas de vehículos, algunos de alta gama, para evadir los mecanismos de detección del fraude de las empresas financieras.

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Una vez que los vehículos estaban en poder de la organización, realizaban la falsificación de los documentos necesarios y los trasladaban a terceros países como Rumanía, Francia, Alemania y Portugal.

El grupo contaba con conductores que conocían vías y carreteras secundarias en la ruta entre España y Rumanía y así evitaban posibles controles en carreteras principales.

Por último estaban los vendedores que recibían los coches en Rumanía, los matriculaban utilizando documentación falsa, y los vendían a compradores de buena fe.

De esta manera los miembros de la organización causaban un doble perjuicio, por un lado a las entidades financieras a las que no pagaban las cuotas, y por otro a los compradores que adquirían un vehículo de origen ilícito sin ser conscientes de ello.