El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ha aprobado hoy, con el voto en contra del representante del PP, encargar un informe jurídico sobre la legalidad de la venta en 2012 y 2013 de 2.956 viviendas a fondos de inversión para analizar qué recorrido judicial puede seguir el proceso.
Los delegados de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, han informado a los periodistas de esta decisión adoptada por el consejo de administración de la entidad, convocado de forma extraordinaria tras conocerse el anteproyecto de la Cámara de Cuentas que cuestionaba la operación promovida por el anterior equipo de Gobierno, del PP.
La Cámara de Cuentas cuestiona en un anteproyecto de informe de fiscalización las operaciones de venta de vivienda pública por no haber respetado las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos, lo que supone un incumplimiento de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.
La venta de vivienda pública con el objetivo de reducir la deuda de la empresa municipal fue una de las decisiones más polémicas de la exalcaldesa Ana Botella, una operación sobre la que ahora la propia EMVS realizará un informe jurídico "que ponga de manifiesto si ha habido irregularidades y cuáles han sido", según la delegada Marta Higueras.
El consejero del PP ha sido el único que ha votado en contra del informe jurídico que realizará la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) sobre la venta de patrimonio a un 'fondo buitre' y que marcará "el camino a seguir" en la depuración de responsabilidades, han informado este lunes la presidenta de la sociedad municipal, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
Tras la reunión extraordinaria y urgente del consejo de administración de la EMVS, Higueras ha detallado a la prensa que con ese informe jurídico se pondrá de manifiesto "si ha habido irregularidades y cuáles han sido".
Higueras ha reconocido que le ha "sorprendido muchísimo que el consejero del PP haya votado en contra" del informe jurídico. La justificación que han dado para ese rechazo ha sido que se trata de un anteproyecto y que pedían que se votase cuando fuera definitivo, algo que podría suceder el 27 de abril, ha apuntado la también primera teniente de alcalde.
Marta Higueras ha remarcado que no sólo cuentan con dicho informe de la Cámara de Cuentas. "Tenemos mucha más documentación, no es lo
único que se va a analizar", ha apuntado, después de considerar que el "retraso" que propone el PP "no parece que tenga sentido".
Carlos Sánchez Mato ha añadido que se trata de "actuaciones concretas marcadas como irregularidades". "Ya se han revelado suficientes irregularidades administrativas, comprobadas de manera interna, para que el consejo de administración actual se quede mano sobre mano y esperando a no se sabe qué", ha argumentado.
También ha destacado que la pretensión nunca ha sido emplear el anteproyecto de la Cámara de manera judicial y que tampoco se pueden "permitir el lujo de que haya prescripciones de delitos sin que se haya analizado jurídicamente ese asunto".
FIDERE DEFIENDE QUE CUMPLIO CON LA LEGALIDAD
El grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, ha asegurado que se cumplió con la legalidad cuando adquirieron en octubre de 2013 las 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), una operación en el punto de mira desde la última semana tras hacerse público un borrador de informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad que apunta a que el Ayuntamiento gobernado entonces por Ana Botella no cumplió con la normativa interna.
En un comunicado, la sociedad ha destacado que la compra se llevó a cabo en un "proceso competitivo y transparente, según la legislación vigente y a través de un procedimiento público". A este respecto, destaca que el Auto del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid indicó, en enero de 2015 a raíz de una denuncia del PSOE, que la transmisión de los inmuebles se efectuó en el marco de la legislación vigente.
También recoge el auto, han remarcado, que la operación se desarrolló hasta el final a través de un procedimiento público, "sin que haya elemento o indicio alguno ni de que exista perjuicio para los inquilinos ni resolución administrativa ilícita".
Dicha resolución judicial fue ratificada mediante auto no recurrible por parte de la sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre de 2015, han explicado.
