El Ayuntamiento de Madrid ha implementado 'buzones blindados' para que los funcionarios puedan denunciar de manera confidencial casos de presunta corrupción o malas prácticas dentro de la institución. Esta medida se enmarca en la ley reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que a su vez es una trasposición de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.
Este canal supone "un paso trascendental en la potenciación de la integridad y la ética, tanto del sector público como el privado, en cuanto viene a proteger a los informantes de infracciones, incluso a los anónimos, frente a las posibles represalias que puedan sufrir".
La ley obliga a todas las entidades que integran el sector público, así como a las personas físicas y jurídicas del sector privado que tengan contratados a 50 o más trabajadores, a crear un canal interno de información para recibir las denuncias, además de un sistema interno de información para gestionarlas.