El Colegio de Abogados denunciará la filtración de Fiscalía del pacto del novio de Ayuso

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha anunciado la interposición de una denuncia para identificar a los "culpables" de la filtración de datos por parte de la Fiscalía en el comunicado sobre el pacto ofrecido por el abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid se ha reunido este lunes y ha acordado presentar una denuncia por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos al considerar que la actuación de la Fiscalía de Madrid tiene una "gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa".

En el comunicado, emitido el pasado jueves, la Fiscalía de Madrid explicó la secuencia de acontecimientos en torno al "pacto de conformidad" que ofreció el 2 de febrero la defensa de Alberto González Amador al fiscal que le investiga por supuesta defraudación fiscal.

La denuncia, según ha explicado Ribón en rueda de prensa, en principio no se dirige contra nadie y persigue la "identificación completa de los autores" para "depurar responsabilidades".

Además de la vía penal, el Colegio también presentará una denuncia por la vía administrativa para que se abra un proceso sancionador.

El decano ha recalcado que dicha nota supone "una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de actuación el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados".

Ribón ha iniciado la comparecencia mencionando el artículo 24 de la Constitución, que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Al hilo, ha recalcado que "el derecho de defensa, al que se deben los abogados, es sagrado e inviolable: es una garantía para la sociedad, pieza básica del Estado de Derecho y un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema de justicia".

Por ello, ha anunciado que el ICAM, hasta que no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad, se desvincula del Protocolo de Conformidades, instando a "una revisión del actual protocolo dada su inadecuación" conforme a lo sucedido al considerar que "el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado".

A juicio del ICAM, "la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".

ALVARO GARCÍA ORTIZ SOSTIENE QUE SE COMUNICARON LOS DATOS INDISPENSABLES

El fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, ha defendido en una carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española que "se ha salvaguardado" el deber de reserva en el caso de Alberto G.A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Incontrovertidamente alejado de la verdad queda que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal", sostiene García Ortiz en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, el jefe de la Fiscalía incide en que "la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el día 2 de febrero de 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública".

Así las cosas, García Ortiz entiende que "se ha salvaguardado" el deber de reserva y que en la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid "solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales", cuya "profesionalidad y honorabilidad" debe "proteger y defender" como fiscal general.