El Fiscal General pide al Supremo medidas para frenar las filtraciones que dice sufrir

La defensa del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo (TS) que le investiga por una presunta filtración contra Alberto González Amador, que adopte las medidas necesarias para evitar que se sigan produciendo filtraciones de la investigación judicial, al considerar que han dado lugar a un "juicio paralelo" que podría llegar a influir en el desenlace del caso.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado --en defensa de García Ortiz-- denuncia una "vulneración del derecho a un juicio justo y con todas las garantías y a la presunción de inocencia, por la construcción de un juicio paralelo que se está realizando por las acusaciones particular y populares en los medios de comunicación".

Los Servicios Jurídicos del Estado señalan que este "juicio paralelo" viene propiciado por las "filtraciones ilegales" del contenido de "las diligencias de instrucción e informes sobre los dispositivos electrónicos o de los mensajes privados --o ausencias de mensajes-- que en ellos se hayan encontrado", que aseguran que se han traducido en "una divulgación interesada y sesgada de esta información", calificándola incluso de "información hostil".

A su juicio, "la difusión del contenido de la instrucción sobre el contenido de esos informes se ha visto agravada por la difusión por parte de las acusaciones de los escritos en los que interesaban las diligencias que se iban a practicar, anticipando incluso las valoraciones jurídicas sobre el efecto indiciario o incriminatorio que ello suponía".

Aclaran que "no se pone en cuestión la necesaria publicidad de un asunto penal de la trascendencia e interés público que representa esta causa especial", sino una difusión que puede "crear un estado de opinión sobre el proceso y el fallo de tal manera que el público se forme la convicción de que la sentencia no pueda ser otra que la de la condena".

Por ello, la Abogacía insta al instructor del caso, Ángel Hurtado, a que, "como garante de estos derechos fundamentales y del derecho a un proceso con todas las garantías, adopte las decisiones oportunas para impedir la difusión en los medios de comunicación de este tipo de informaciones (por) parte de las acusaciones particular y populares".

En concreto, le reclama "la adopción de medidas cautelares que permitan evitar que se produzcan nuevas vulneraciones de ese derecho a la intimidad o, al menos, que permitan acreditar de manera suficiente quién o quiénes pueden ser los profesionales responsables de estas filtraciones" para quienes pide que se les abra una pieza separada para, en su caso, ser multados en base a la Ley de enjuicimiento criminal.

Además, emplaza a Hurtado a "que se adopten las medidas necesarias para garantizar la anonimización, pseudoanonimización o supresión de todos aquellos datos de carácter personal que afecten los dispositivos móviles de los investigados y que no sean estrictamente necesarios para garantizar la tutela judicial efectiva que se está desarrollando en este proceso penal".

Estas pesquisas judiciales partieron de una querella de González Amador por la nota de prensa difundida por la Fiscalía a las 10:20 del 14 de marzo con la que pretendía desmontar lo que, García Ortiz, considera un "bulo".