El Real Jardín Botánico de Madrid ha puesto en marcha el programa ‘Un jardín para todos’ para la inclusión y accesibilidad de colectivos vulnerable. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es convertirse en un espacio de divulgación científica para las personas y colectivos vulnerables, en riesgo de exclusión social o con unas características socioeconómicas que les imposibilita el acceso a numerosas actividades educativas, formativas o culturales que ofrecen instituciones y centros públicos y privados.
El programa, que cuenta con la colaboración de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y del Ministerio de Ciencia e innovación, está dirigido a grupos a partir de 6 años y hasta edad adulta, con o sin necesidades educativas especiales.
La actividad, disponible hasta julio de 2023, consiste en una visita guiada por el jardín y sus invernaderos para conocer la historia del mismo recinto, así como curiosidades y cuestiones generales de sus colecciones vivas. La inscripción se realiza a través de un formulario ‘online’ de la web del Jardín Botánico.
Para poder participar en el programa ‘Un jardín para todos’ es necesario ser de un centro educativo público perteneciente a los distritos de Madrid de Puente Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas y Tetuán.
También pueden asistir alumnado de un centro de educación formal o no formal que trabaje con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, o ser una asociación, fundación, ONG, empresa o similar que trabaje con estos colectivos.
Por su parte, la técnica de la Unidad de Programas Educativos del RJB-CSIC y coordinadora del programa, Irene Fernández, señaló que de las plantas se pueden aprender estrategias de sostenibilidad, adaptación y resiliencia.
Un mensaje que quieren transmitir a los centros educativos que trabajan con población en riesgo de exclusión social; colectivos y asociaciones de inmigrantes y refugiados o de mujeres víctimas de violencia de género; presos en programas de reinserción; pacientes hospitalarios de larga duración; asociaciones de barrio; discapacitados y todas aquellas entidades que carecen de recursos económicos para poder optar al programa habitual.