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La Fiscalía de Madrid aclaró este jueves que fue el letrado defensor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien propuso el pasado 2 de febrero un pacto para reconocer que había cometido fraude fiscal y conformarse con una determinada sanción penal.

Este jueves se ha conocido que la Fiscalía ofreció un acuerdo al abogado de la pareja de la presidenta Ayuso y luego dio marcha atrás por "ordenes de arriba", según el entorno de Alberto González.

Según informó la Fiscalía a través de un comunicado, el 23 de enero abrió unas diligencias de investigación penal tras recibir un "escrito-denuncia" de la Agencia Tributaria, en el que ponía en conocimiento hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

El 2 de febrero, el abogado de González Amador contactó por correo electrónico con la Fiscalía de Madrid para proponer un pacto a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado reconocía la autoría de la pareja de Ayuso en la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública" por el impuesto de sociedades de 2020 y 2021.

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Según fuentes de la defensa, en ese escrito, González solo se habría mostrado dispuesto a reconocer los delitos si se llegaba a un acuerdo. Estas mismas fuentes aseguran que la Fiscalía primero se abrió al pacto, pero después dio marcha atrás y negó esta posibilidad.

"VOLUNTAD" DE ASUMIR LOS HECHOS

El 7 de febrero, el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto dictó un decreto de conclusión de las diligencias de investigación y acordó interponer una denuncia contra González Amador y otros por "delitos de defraudación tributaria y falsedad documental".

Cinco días después, el fiscal contestó por correo electrónico al letrado defensor y le manifestó que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas", sin que considere que la existencia de otras personas implicadas pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.

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El 13 de febrero, el fiscal interpuso la denuncia contra la pareja de Ayuso y otros cuatro individuos, así como contra ocho sociedades mercantiles, por la supuesta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil.

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Una semana después, la Fiscalía Provincial remitió la denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid, que la registró el 5 de marzo. El 12 de marzo, el fiscal remitió la denuncia por correo electrónico al letrado de González Amador "para facilitarle el derecho de defensa" y le reiteró que la existencia de otras personas denunciadas no constituye un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.

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La Fiscalía concluye que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha" es el propuesto por la pareja de Ayuso al fiscal encargado del caso.

Y mientras tanto, las asociaciones de fiscales se han mostrado sorprendidos por esta nota en la que se aportan las fechas y horas de los correos electrónicos intercambiados con la defensa. En todo caso, de momento no hay acuerdo y la denuncia sigue su curso. El juez tendrá que decidir si la admite o no a trámite.