El fiscal solicita 9 años de cárcel para Luis Medina y 15 para Luceño por el caso 'mascarillas'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Adolfo Carretero la apertura de juicio oral contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el caso de las mascarillas en el que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compraventa de material sanitario en plena pandemia del coronavirus.

Así consta en un escrito, al que tuvo acceso Telemadrid, en el que el fiscal solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y eleva la petición a 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.

El escrito se presenta en la fase intermedia de las actuaciones de cara a la próxima celebración del juicio oral. Ahora, las partes personadas en el procedimiento deben presentar sus respectivas conclusiones provisionales al magistrado para que determine la apertura de juicio oral.

En el caso de Luceño, reclama una multa que asciende a los 5 millones. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

A Luis Medina le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. A Luceño le acusa de los citados delitos en calidad de autor, junto a otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado.

De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.

DECOMISO DE LOS BIENES

El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.

En el auto de procesamiento, Adolfo Carretero sostuvo que las compraventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de "negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles".

Carretero afirmó que Medina y Luceño se "enriquecieron" con ello y "perjudicaron" al Patrimonio Municipal en bienes de primera necesidad, como era en el momento de la venta los materiales sanitarios "y en cantidad superior a 50.000 euros". El magistrado también apunta que Alberto Luceño "engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones" y que "fijó unilateralmente".