El juicio a los asistentes de una fiesta en plena pandemia por prohibir la entrada a policías será en septiembre

Un juzgado de Madrid juzgará en septiembre a cinco inquilinos que impidieron en diciembre de 2020 entrar en su piso a los agentes que acudieron para confirmar si se celebraba una reunión, algo prohibido entonces por las restricciones de la pandemia, y si una mujer y un niño corrían peligro.

Según han informado EFE fuentes jurídicas, el Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid celebrará el 28 de septiembre el juicio, que inicialmente iba a tener lugar este jueves pero ha sido aplazado por un problema relacionado con las citaciones previstas, según se ha comunicado a las partes este mismo miércoles.

De cara al juicio la Fiscalía pide un año de cárcel para los cinco procesados, ya que considera probado que insultaron, amenazaron y lesionaron a algunos agentes que acudieron al piso "con la finalidad de garantizar su seguridad".

Se trata del altercado ocurrido el 9 de diciembre de 2020, cuando había restricciones de reunión por la pandemia de coronavirus, en un piso de la calle Pan y Toros del distrito madrileño de Villaverde, en el que doce agentes intervinieron porque una vecina llamó asegurando que en ese piso había varias personas reunidas y que una mujer gritaba y un niño lloraba.

Tras forcejear con los moradores, que se negaban a dejarles pasar, éstos acabaron abriendo la puerta cuando vieron que se había desencajado de su marco, y los agentes detuvieron a cinco de ellos y comprobaron que la mujer y el niño que allí estaban no sufrían daños.

Este incidente tuvo lugar tres meses antes -aunque saltó a la luz después- de la denominada "patada en la puerta" que protagonizaron varios policías el 21 de marzo de 2021 en la calle Lagasca de Madrid, y de otra "patada en la puerta" en la calle Velázquez al día siguiente.

En el caso de la calle Lagasca, el más famoso al difundirse imágenes grabadas por los inquilinos, el juez instructor decretó en junio pasado la apertura de juicio, con tribunal de jurado, para los seis policías acusados de allanamiento de morada. La Fiscalía les imputa ese delito pero les exime de responsabilidad penal alguna.

En el caso de la calle Pan y Toros que se juzga ahora la causa se inició a raíz del atestado policial por un presunto delito de resistencia o desobediencia cometido por los habitantes de la vivienda, y luego la letrada de los inquilinos interpuso denuncia contra los policías por posible allanamiento de morada, y los agentes fueron también investigados.

Ya en mayo de 2022 el juez de instrucción archivó la causa contra los doce agentes y propuso juzgar a los moradores por resistencia o desobediencia.

Esta decisión fue recurrida, sin éxito, por la defensa de los procesados, que argumentó que se trató de un auto "notariamente contrario a Derecho" y expuso que los que deberían ser juzgados son los agentes, que entraron a la fuerza en el piso a pesar de que dentro nadie cometía ningún delito, como esta parte sostiene desde el inicio del proceso.

El letrado Manuel Chamorro, que defiende a varios de los agentes en representación del sindicato Jupol, solicita para los procesados dos años de cárcel por atentado a agente de la autoridad y además solicita para dos de ellos multa por un delito leve de lesiones.

Esta parte también solicita que los acusados indemnicen a un agente con 250 euros y a otro con 1.000 euros.