El perro Luno, retenido en Barajas en marzo, es devuelto finalmente a Ecuador
Tras varias semanas enjaulado y posteriormente derivado a un centro canino de la capital
PACMA critica la decisión e insiste en que el animal podría haber permanecido junto a su dueña en España
Fin, o no, al calvario de Luno. El perro que llegó con su dueña desde Costa Rica Barajas en marzo de este año y que funcionarios de Agricultura llegaron a contemplar su sacrificio. Tras nueve meses de cuarentena en las instalaciones del aeropuerto el animal ha sido reenviado a Ecuador.
Según el partido animalista PACMA la propietaria de Luno y los abogados han aceptado una propuesta del Ministerio de Agricultura "que llevaba encima de la mesa desde el mes de abril".
Recuerda esta formación que, tras comprobar los veterinarios la ausencia del chip y, por tanto, la imposibilidad de comprobar la aplicación de la vacuna obligatoria de la rabia, sólo les plantearon dos posibilidades: reexpedición al país de origen o sacrificio, a lo que se negó la dueña.
Luno pasó 20 días en una jaula de aduanas del aeropuerto y de ahí, explican, al Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid, donde permaneció hasta su deportación este viernes 9 de diciembre.
Según las abogadas de PACMA, existía también la posibilidad contemplada por la normativa europea aplicable de vacunar de la rabia al perro y guardar cuarentena para facilitar la entrada legal del país.
El caso de Luno, con una gran repercusión, puede servir para en opinión de este partido detectar una posible aplicación errónea en los aeropuertos españoles y destapando, así, "un presunto entramado de irregularidades en los Puestos de Inspección Fronterizos por el que PACMA y AGERAA han solicitado cuentas al Gobierno, ya que una incalculable cantidad de animales estarían pasando por la misma situación del perro Luno al margen de la atención pública".
Tras un cambio de abogados, la propietaria de Luno decidió retirar las denuncias contra Agricultura y aceptar el reenvío de su mascota. Las abogadas animalistas han calificado de “injusticia” la decisión adoptada por la responsable del animal.
Aseguran que "la única opción legal que debió proceder habría sido su regularización y entrada al territorio español con todas las garantías que ya había adquirido durante su estancia".
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