La Fiscalía considera que la venta de casi 3.000 viviendas por parte del IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) a un fondo buitre en 2013 fue un proceso "trufado de irregularidades" que podría constituir un delito de prevaricación y malversación por parte de dos exdirectivos de la entidad. Así lo expone el fiscal al Juzgado de Instrucción 48 de Madrid, que investiga la posible venta fraudulenta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs, que fue firmada por la que entonces era directora del IVIMA, Ana Gomendio, "dándose continuidad a un procedimiento iniciado por Juan Van-Halen", según el Ministerio Público.
