La Fiscalía de Alcalá de Henares ha incoado diligencias "preprocesales" para investigar posibles responsabilidades administrativas en la muerte de una anciana de 93 años el pasado 9 de mayo en una residencia de Arganda del Rey, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Así consta en un escrito en el que se detalla que la apertura de la investigación se realiza al efecto de "depurar las posibles responsabilidades administrativas que haya podido tener la dirección del centro como la Agencia Madrileña de Atención Social", adscrita a la Consejería de Políticas Sociales.
Agrega que lo hace ante la labor de sendas partes de "supervisión e inspección" y al estimar que se han producido "deficiencias en la atención de los usuarios del centro".
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que al estar el caso ya judicializado, el fiscal se inhibirá al juzgado competente, el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid.
Según ha adelantado la 'Cadena Ser', el fiscal que lleva el caso destaca en el escrito que las sujeciones de la víctima "no habían sido ni pautadas por el médico, ni consentidas por la familia".
El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, defendió cuando se produjeron los hechos que la actuación de la residencia fue "acertada, correcta y ejemplar", y achacó la muerte a un "fatídico accidente" motivado por "el estado basal" de la residente.
GARRIDO: LA COMUNIDAD ESTÁ TRANQUILA
El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Angel Garrido, ha asegurado este martes que la Consejería de Políticas Sociales está "tranquila" con la investigación que ha abierto la Fiscalía de Alcalá de Henares por la muerte de una anciana de 93 años el pasado 9 de mayo en una residencia pública de Arganda del Rey porque, a su juicio, "se cumplieron todos los protocolos".
Así ha respondido Garrido este mediodía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la noticia de que la Fiscalía de Alcalá de Henares haya incoado diligencias "preprocesales" para investigar posibles responsabilidades administrativas.
El portavoz del Gobierno ha indicado al respecto que fue la Agencia Madrileña de Atención Social la que puso la denuncia y ellos han dado "toda la documentación". "La Consejería tiene claro que se cumplieron todos los protocolos. Será la autoridad judicial la que determine. Desgraciadamente, se producen accidentes aquí y en todas las partes. Trabajamos para evitarlos y cuando ocurren, aclararlos. La Comunidad de Madrid es la única que revisa dos veces al año todas las residencias", ha añadido.
