La Fiscalía de Madrid considera "precipitada e improcedente" la imputación de cuatro responsables del Ayuntamiento -Antonio de Guindos, Fátima Núñez, Francisco del Amo y Emilio Monteagudo- en el caso Madrid Arena al considerar que antes deben declaran los responsables de la seguridad en la fiesta.Así lo ha explicado el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, al ser preguntado sobre su posición con respecto al recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la imputación de esos responsables municipales.
Se trata del ex delegado de Seguridad, Antonio de Guindos; la ex responsable del área de Seguridad, Fátima Núñez; el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento, Alfonso del Álamo, y el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo. Los cuatro fueron imputados junto a otras once personas el pasado día 4 de febrero por parte del juez Eduardo López Palop, que investiga el suceso.
Moix ha explicado que, tras tener conocimiento de ese recurso, ha elaborado un informe que consta de dos partes. En la primera sostiene que el Ayuntamiento de Madrid, como responsable civil subsidiario en la causa, no puede interponer ese recurso, que por lo tanto será inadmitido.
En la segunda sostiene que es "precipitado e improcedente" imputar a los cuatro responsables municipales citados, porque primero hay que tomar declaración a las personas que ejercieron directamente funciones de seguridad en la fiesta en la que fallecieron cinco jóvenes. "Por ahora no está demostrado que exista una relación directa causa-efecto entre la conducta de esas cuatro personas imputadas y la muerte de las cinco víctimas", ha explicado.Ha matizado que, una vez que avance la investigación, "habrá que ver hasta dónde alcanzan las responsabilidades".
AYUNTAMIENTO Y DELEGACIÓN NO SE REÚNEN DESDE AGOSTO
El coordinador de Seguridad de Madrid Espacio y Congresos (Madridec), Jorge Rodríguez Caamaño, ha manifestado este viernes en su declaración ante el juez que el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno suprimieron desde el pasado 30 de agosto cualquier reunión de coordinación y de seguridad para acordar medidas en eventos que celebrara este organismo por falta de medios económicos.
Así lo han manifestado los abogados de varias de las acusaciones particulares al término del interrogatorio, que se ha prolongado durante cerca de tres horas. Tras finalizar, el juez Eduardo López Palop ha impuesto la medida cautelar a Caamaño de comparecer los días 8 y 22 de cada mes. "Hoy hemos llegado a la conclusión de que, desde el 30 de agosto de 2012, el Ayuntamiento de Madrid por falta de medios ha suspendido cualquier reunión para establecer medidas de seguridad en los eventos", ha destacado el abogado Abdon Núñez, que defiende a la familia de Belén Langdon.
Según ha dicho, Caamaño ha declarado que Madridec se dejó de reunir para acordar los sistemas de seguridad para los diferentes eventos, entre ellos el que se celebró la noche de Halloween. "Por ello, ha dicho que no había Policía y que había mucha menos seguridad porque económicamente el Ayuntamiento y la Delegación no podían --afrontarlo--", ha recalcado."Esa es la excusa del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno en Madrid para quitar la seguridad en eventos donde puede acontecer lo que, por desgracia, ha acontecido aquí. Recortaban desde el principio", ha denunciado.
DURANTE LA FIESTA FUERA DEL RECINTO
Por otro lado, Caamaño ha asegurado que el máximo responsable de Madridec el día de la tragedia era José Ruiz Ayuso y ha aportado un dato nuevo, según los abogados, como que la Jefe de la Unidad de Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez, estuvo durante la fiesta fuera del recinto junto con la Policía municipal.
Según el abogado Felipe Moreno, el coordinador de seguridad de Madridec ha especificado que sus funciones se limitan a los edificios vacíos, que ha denominado "en suspenso" o "dormidos". "Cuando se le pregunta por sus funciones, contesta: ni ustedes ni nadie ni mi mujer entienden lo que hacemos", ha señalado.
CAMARAS SIN FUNCIONAR
También ha señalado que las cámaras de seguridad del recinto son competencia de Madridec y que ésta conocía que algunas no funcionaban, pero ha dicho que no había dinero para sustituirlas. Además, ha reconocido que Madridec siempre cobra diez euros en el parking del recinto y que ese dinero ingresa en la caja financiera de esa empresa, siendo los vigilantes de Seguriber los encargados de cobrar ese dinero.
Asimismo, según los abogados, Caamaño ha admitido que "la policía municipal conocía perfectamente que había botellón; que había menos agentes y que estos estaban colocados en puntos diferentes que al de otros eventos similares".
También se le ha preguntado acerca de si su compañero Francisco del Amo abrió el portón por el que accedieron 2.500 personas sin control, a lo que ha respondido únicamente que éste llevaba un abrigo tres cuartos marrón. Según las imágenes difundidas sobre ese momento, una persona con abrigo beige se encontraba en la puerta de emergencia cuando se abrió sobre las 2.30 horas.
CONTRADICCIONES
Caamaño ha declarado después de que hayan expuesto su versión en calidad de imputados el director de Madridec, Rafael Pastor, y el coordinador de Proyectos y Operaciones, Francisco del Amo, quienes incurrieron en numerosas contradicciones entre ellos, según las acusaciones particulares.
El pasado lunes, un responsable de Seguridad de Seguriber culpó a Del Amo de ordenar abrir el portón de emergencias por el que entraron a la pista principal en masa 2.500 personas sin control alguno. Además, aseguró que éste mandó a los vigilantes que los controles fueran más "livianos".
