El juicio por la tragedia del Madrid Arena ha quedado hoy visto para sentencia tras cuatro meses de intensas sesiones en las que nadie ha asumido su grado de responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes por una avalancha mortal.
El principal acusado por la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, ha manifestado hoy en la última sesión del juicio su "sentir y pesar" hacia las familias de las cinco jóvenes que fallecieron el 1 de noviembre de 2012 en la fiesta que él organizó.
Así lo ha expresado al hacer uso de su derecho a la última palabra ante el tribunal de la sección séptima de la Audiencia Provincial que preside la magistrada Luisa Aparicio Carril.
Visiblemente nervioso, el promotor de la fiesta que costó la vida a cinco jóvenes de entre 17 y 20 años, se ha adherido a lo manifestado por su defensa a lo largo del juicio.
También han querido ejercer este derecho los trabajadores de la empresa Seguriber, encargada de la seguridad exterior del evento, que también se han ratificado en las palabras expresadas por su abogado en su informe final.
El resto de los quince acusados, entre ellos el que fuera jefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo y los médicos del evento Simón y Carlos Viñals, han declinado pronunciarse.
Tras cuatro meses de sesiones, el juicio ha quedado visto para sentencia
La prueba practicada ha demostrado que la principal causa de la tragedia fue el sobre-aforo que hubo, agravado por el cierre de los vomitorios y la apertura de varias puertas de emergencias para que entraran jóvenes sin control directos a la pista.
Según la fiscal y las acusaciones, la pista debía estar esa noche a reventar a la hora del número de la barca del afamado dj Steve Aoki, un extremo que venía en una de las cláusulas del contrato. El espectáculo finalmente se hizo y fue cuando se produjeron diversas avalanchas, entre ellas una mortal.
“NO HAY HOMBRÍA SUFICIENTE PARA ASUMIR RESPONSABILIDADES”
Isabel de la Fuente, madre de una de las jóvenes fallecidas en la tragedia del Madrid Arena, ha cargado tras concluir el juicio contra los quince acusados, ya que a su juicio "no hay hombría suficiente para asumir cada cual sus responsabilidades" y ha confiado en que las magistradas que han juzgado los hechos dejen claro lo que pasó esa fatídica noche.
Tras señalar que la conclusión de la vista es "un paso" más para que termine todo, ha destacado que aún queda mucho dado que una vez que se emita la sentencia se recurrirá el fallo si es condenatoria por parte de los acusados. "Espero que termine bien para nuestros intereses y que las magistradas dejen claro lo que pasó ahí", ha reseñado.
"No hay hombría suficiente para asumir cada cual sus responsabilidades. Aquí parece que cayó un rayo y nadie tiene la culpa de nada. Me ha parecido vergonzosa la actitud de los acusados, ha aseverado. De la Fuente también ha criticado el alegato final de Miguel Angel Flores en el juicio, donde ha compartido las palabras de su abogado en cuanto al sentir y pesar de las familias. Sobre estas palabras, ha opinado que cree que esta persona "solo comparte su propio egoísmo y nada más.
Además, ha dicho que no le sorprende que ninguno de los acusados haya asumido su responsabilidad en su turno a la última palabra, dado que es una actitud que han mantenido a lo largo del proceso judicial.
INFORMES DE LAS ASEGURADORAS
Antes del turno a la última palabra, las aseguradoras han solicitado a la Sala que se aplique el baremo de accidentes de tráfico a la hora de fijar las indemnizaciones y no la directiva europea de catástrofes aéreas, tal y como quieren las acusaciones particulares y populares. La normativa europea sobre esta materia permite indemnizaciones ilimitadas.
También ha hablado el abogado que representa al Ayuntamiento de Madrid, quien ha recalcado que la causa de la avalancha mortal no fue el botellón, sino "el número excesivo de entradas" vendidas. "Era un edificio encargado al decano de arquitectos", ha reseñado el letrado, quien se ha negado a la afirmación de que tuviera deficiencias estructurales y ha defendido que no necesitaba licencia.
SOBREVENTA DE ENTRADAS
En su declaración durante el juicio, Flores reprochó al Ayuntamiento que dirigía la entonces alcaldesa Ana Botella, y concretamente a la empresa municipal Madridec, responsable del pabellón, que "jamás" le mostraran un Plan de Autoprotección, recalcando que pensaba que el edificio tenía licencia municipal. También les acusó de que "lo hicieron mal" y que le obligaron a él "a hacerlo mal".
"Yo desconocía completamente la situación del edificio anterior a esta tragedia. No acuso al Ayuntamiento, sino a las personas que conocían en el año 2010 que las cosas se hacían mal y que a mí me lo hacían hacer mal", dijo entonces.
Durante la prueba del juicio, según la fiscal, ha quedado acreditado que se vendieron casi 17.000 entradas y que Flores puso a la venta casi 37.000.
Sin embargo, el abogado que defiende al empresario sostuvo en su informe final que no existió "la sobreventa" de entradas por parte de su cliente, criticando la "visión apocalíptica" que han difundido los medios de comunicación. Pese a esta afirmación, multitud de imágenes exhibidas en la vista han demostrado que la pista estaba visiblemente masificada.
PETICIÓN DE PENAS
Flores afronta una petición fiscal de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones quieren que se sumen cuatro años por cada víctima.
En su informe, la fiscal rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día para el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, un empleado de Diviertt, Miguel Angel Morcillo, y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero.
Además, se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.
La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por "un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos". Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.
La fiscal reclama en su escrito de conclusiones definitivas unas indemnizaciones para las familias de las cinco víctimas entre 343.700 y 243.600 euros de indemnización, de las que tendrán que hacerse cargo las citadas compañías de seguros.
