Fomento advierte a Carmena de la nulidad del rechazo a la Operación Chamartín

El Ministerio de Fomento ha enviado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un requerimiento en el que advierte de la nulidad de la renuncia del Pleno municipal a la denominada Operación Chamartín, que planteaba para el norte de la ciudad la mayor intervención urbanística de Europa.

Este requerimiento, registrado ayer en el Consistorio madrileño, es el paso previo a emprender acciones legales, ya que el propio Ministerio de Fomento indica que su intención es buscar un acuerdo para "evitar litigios".

El escrito está dirigido a Carmena en su calidad de presidenta del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que en la sesión del pasado 25 de mayo rechazó de forma definitiva con los votos de los concejales de Ahora Madrid y PSOE-M este proyecto, impulsado por el PP.

En su lugar, el Gobierno municipal ha propuesto una alternativa para la ordenación de la zona, 'Madrid Puerta Norte', que rebaja a la mitad el área urbanizable -1,7 millones de metros cuadrados- y reduce de 17.000 a 4.600 el número de viviendas construibles.

El plan de la Operación Chamartín fue presentado en febrero del año por las administraciones implicadas -Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, todas ellas entonces del PP- y la promotora Distrito Castellana Norte -BBVA y San José-.

Fuentes de esta promotora ha confirmado hoy a Efe que tiene previsto ir a los tribunales y que sus servicios jurídicos están analizando las vías posibles para "defender sus intereses".

Las mismas fuentes han dicho que el proyecto de la Operación Chamartín "tiene 48 informes favorables, contaba con el apoyo de todos y se ha denegado sin aportar criterios jurídicos ni técnicos".

Por su parte, el Ministerio de Fomento considera en su requerimiento que el acuerdo municipal por el que se tumbó la Operación Chamartín incurre en "vicio de nulidad" y "vicio de anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico".

Al respecto, indica que la renuncia se basa en el artículo 247.4 b de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que señala que el texto definitivo de los convenios urbanísticos deberán ratificarse por el Pleno municipal cuando se hayan suscrito inicialmente en nombre o representación del municipio.

Sin embargo, Fomento sostiene que este precepto "no ampara la renuncia unilateral por parte de uno de los firmantes de un convenio urbanístico a su tramitación, y mucho menos cuando dicha actuación unilateral carece de fundamento jurídico".

"Tampoco establece este precepto un plazo máximo ni para que se produzca la renuncia expresa ni para entender que exista una renuncia tácita al mismo por parte del resto de sus firmantes", añade.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento subraya en su requerimiento que no ha tenido acceso al escrito del pasado 5 de mayo en el que la actual alcaldesa de Madrid justificaba los motivos para rechazar la Operación Chamartín, una documentación que ha solicitado pero que asegura que todavía no ha recibido.

Asimismo, destaca que mantuvieron tres reuniones con representantes municipales los días 24 de julio de 2015, 26 de noviembre de 2015 y 9 de mayo de 2016.

"En ninguna de ellas se comunicó la intención del Ayuntamiento de renunciar de manera unilateral (a la Operación Chamartín), ni se facilitaron datos ni documentación alguna acerca de la nueva propuesta municipal en la que, a todas luces, ya se estaba trabajando", apunta.

Fomento estima que, para actuar con arreglo a la Ley, el Ayuntamiento de Madrid tendría que haber aplazado "motivadamente, en todo o en parte, la aprobación definitiva del plan" y esperar "al pronunciamiento de las partes sobre el texto definitivo del convenio".

Este Ministerio afea al Gobierno municipal que no haya aportado "ningún argumento jurídico válido" para renunciar a la Operación Chamartín y que presentara de forma "unilateral" una nueva propuesta para el desarrollo norte de la ciudad que cree que supone "una abierta ruptura con la ordenación urbanística vigente del Plan General de Ordenación Urbana".

"Por tanto, no puede sostenerse la renuncia tácita del resto de los firmantes, sino la decisión unilateral de uno solo de ellos, gestada a lo largo de muchos meses, ocultando información al resto de las partes y desconociendo los más elementales principios de cooperación y colaboración mutuas y lealtad institucional", concluye.