El tercer teniente de alcalde de Galapagar Ángel Camacho fue agredido y amenazado el pasado jueves por el dueño de un restaurante cuyo horno de leña fue clausurado debido a las molestias que causaba a los vecinos.
Según explica en un comunicado el Gobierno del PP en la localidad, Camacho está de baja laboral y debe llevar collarín a causa de la agresión que también le ha provocado inflamación en un oído.
El Ayuntamiento de Galapagar, que condena los hechos, sucedidos en una administración de lotería, explica que pese a las denuncias vecinales y los requerimientos de los técnicos por no cumplir con las medidas de salubridad este restaurante continuaba con su actividad provocando ruidos y humos, por lo que el consistorio tuvo que clausurar el horno de leña.
Junto a los golpes que recibió en la espalda, el edil de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Medio ambiente, Salud Pública y Urbanizaciones tuvo que soportar amenazas de muerte, según detalla el Ayuntamiento, que considera que con "esta violenta actitud" se ha intentado "coartar" la "libertad física y moral" del concejal a la hora de ejercer su cargo.
“Es inconcebible e intolerable que se agreda a un concejal por ayudar a unos vecinos que no podían vivir tranquilamente en sus casas por el humo y los ruidos, por actuar conforme a la ley y pedir que se cumplan las normas", ha defendido el Gobierno de Galapagar.
"La solución de los problemas nunca puede ser la violencia, es un problema administrativo y lo que tiene que hacer es presentar la documentación correspondiente", ha afirmado el concejal agredido que se ha mostrado "dolido" y ha añadido que hacer cumplir la ley "no puede acarrear que a uno por la calle le den un puñetazo".
El PP madrileño ha condenado también este suceso. La portavoz del partido en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en un comunicado que "no se puede poner en el disparadero a los políticos ni pretender por medio de la violencia situarse por encima de la ley".
"Es muy importante que la sociedad condene esto para que no se repita", ha asegurado la vicesecretaria de Comunicación del PP en declaraciones a Efe.
El Ayuntamiento de Galapagar se personará en el juicio de la agresión al entender que podría existir un delito de atentado contra la autoridad, con pena de entre 1 y 6 años de prisión, además de otros posibles delitos de amenazas y lesiones.
