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El portavoz del PSM en la Asamblea, Tomás Gómez, ha asegurado hoy que las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Acompañamiento siguen la estrategia del Gobierno regional de esquilmar los servicios públicos, y para ello intenta desprestigiar a los empleados públicos para, después, acabar con los servicios.

Durante una rueda de prensa antes de la reunión de la Junta de Portavoces, Gómez se ha referido a las enmiendas presentadas por el PP tanto a los presupuestos de la Comunidad de 2012 como a la Ley de Acompañamiento.

Entre otras medidas, el PP ha presentado una enmienda que dispone que la Comunidad deje de complementar el sueldo de los empleados públicos en los casos de bajas entre 4 y 15 días, de manera que sólo cobrarán el 60% de su salario por parte de la Seguridad Social, salvo en los supuestos de baja laboral.

Para el líder socialista, el Gobierno de Esperanza Aguirre tiene "una guerra abierta contra los servicio públicos", y para acabar con ellos se dedica, ha dicho, a hablar mal de los empleados públicos.

A este respecto, ha recomendado al Ejecutivo regional que para salir de la crisis destine menos dinero a las constructoras o a los bancos, y más a los empleados públicos.

Otras de las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Acompañamiento están dirigidas a suprimir el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia Madrileña para la Inmigración, y eliminar la licencia especial para la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales, de manera que cualquier establecimiento que venda comida y bebida podrá vender alcohol.

En este sentido, Gómez ha señalado que la supresión de estos dos organismos sigue la senda del Gobierno de Aguirre de eliminar año año cualquier órgano de participación ciudadana, lo que revela la "poca calidad democrática" de su Ejecutivo, y que es "lo contrario" a lo que proponía ayer Mariano Rajoy en su discurso de investidura.

Y sobre la licencia para vender alcohol, el dirigente socialista no ha respondido exactamente sobre la propuesta del PP, y se ha limitado a señalar que en la Comunidad de Madrid hace falta eliminar trabas administrativas y burocráticas para poder abrir nuevos negocios, ya que a día de hoy, ha dicho, hay unos 14.000 expedientes de actividad paralizados.

Tampoco se ha referido a las deducciones fiscales en materia educativa que el PP quiere extender al segundo ciclo de educación infantil, según otra de sus enmiendas a la Ley de Acompañamiento.

"Lo que hace el Gobierno regional es favorecer al que más tiene", ha reiterado.

Respecto a las enmiendas a los presupuestos, Gómez ha dicho que Esperanza Aguirre "se ha superado a sí misma" porque "parecía imposible hacer unos presupuestos peores, pero las enmiendas del PP los empeoran".

Unos presupuestos que, según ha dicho, se basan en tres pilares: el "exterminio de todo lo público", una actitud "dictatorial" en las formas al negarse a dialogar con los sectores afectados, y el cambio del modelo educativo en Madrid para fomentar la enseñanza privada y convertir la pública en algo "marginal".

Tomás Gómez ha arremetido contra la ley que permitirá la liberalización de los horarios comerciales, que más bien es una "ley de esclavitud de horarios" que confirma la voluntad de Aguirre de "abandonar y traicionar a las capas medias de la sociedad y al pequeño y mediano comercio".

"Son las primeras consecuencias del exceso de poder del PP en toda España", ha asegurado el líder socialista, que ha añadido que estas medidas "poco tienen que ver con la salida a la crisis".

IU y UPyD creen que dejar de complementar las bajas no frenará el absentismo

Izquierda Unida y UPyD han mostrado hoy su desacuerdo con la enmienda del PP a la Ley de Acompañamiento sobre las bajas de los empleados públicos, ya que, según IU, su absentismo no es más alto que en la empresa privada, y porque, según UPyD, así no se solucionará el absentismo y pagarán "justos por pecadores".

Durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea, ambos grupos se han referido a las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad, conocida como la Ley de Acompañamiento.

Entre otra cuestiones, el PP propone que la Comunidad deje de complementar el sueldo de los empleados públicos en los casos de bajas entre 4 y 15 días, de manera que sólo cobrarán el 60% de su salario por parte de la Seguridad Social, salvo en los supuestos de baja laboral.

Otras enmiendas proponen aumentar la jornada laboral de los empleados públicos de 35 a 37,5 horas semanales, suprimir el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia Madrileña para la Inmigración, y eliminar la licencia especial para la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales.

Eulalia Vaquero, portavoz adjunta de IU, ha remarcado que los funcionarios no deben pagar por una crisis de la que no tienen culpa, y ha augurado que igual que los docentes se echaron a la calle para protestar por el aumento de las horas lectivas, podría haber una respuesta similar desde el resto de empleados públicos.

La eliminación de la compensación por bajas, según la diputada de IU, es "otra pieza más de la misma jugada" del Gobierno regional para hacer creer a la opinión pública que el absentismo laboral en el sector público es muy elevado, "cuando no lo es". "Y si lo es, que lo demuestre con datos", ha exigido.

Vaquero ha señalado que en España "no sobran funcionarios ni servicio públicos". "Nos equivocaremos si, con el pretexto de la crisis, nos llevamos por delante a los trabajadores que están sustentando el poco Estado de bienestar que disfrutamos", ha añadido.

UPyD, según ha explicado su portavoz, Luis de Velasco, tampoco está de acuerdo con la propuesta del PP sobre las bajas laborales, ya que con eso no se solucionará el absentismo laboral.

"Van a pagar justos por pecadores", ha dicho De Velasco, para quien esta propuesta del PP no va al fondo del problema del absentismo, sino que se queda en una medida "puramente cuantitativa".

Ramón Marcos, portavoz adjunto de UPyD, ha convenido que el problema del absentismo está fundamentalmente en los tres primeros días de baja, y por ello es partidario de que haya un mayor control de las bajas que dan los médicos, a veces de forma "relativamente fácil".

Sí está de acuerdo este grupo con elevar la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas, pero también se opone a la eliminación de las licencias para vender alcohol, ya que todo lo que vaya por el camino contrario a desincentivar su consumo les parece negativo.

Tanto IU como UPyD han coincidido en criticar el uso que hace el Gobierno regional de la Ley de Acompañamiento, ya que una norma que debería hacer pequeñas modificaciones para permitir la ejecución de los presupuestos se utiliza en realidad para realizar reformas en las leyes con un mínimo debate en la Asamblea.

Vaquero, a este respecto, ha opinado que lo que hace el Ejecutivo es una "burla" y una "mala utilización del sistema legislativo", mientras que De Velasco ha considerado esta práctica "difícilmente democrática".

IU ha presentado enmiendas a la Ley de Acompañamiento orientadas, por ejemplo, a que el transporte público sea gratuito para parados sin prestación, mientras que UPyD ha hecho propuestas como recuperar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, eliminar la deducción en el IRPF para gastos de escolaridad en la enseñanza privada, o eliminar organismos innecesarios como el Defensor del Menor y el Tribunal de Defensa de la Competencia. E

EL PP NIEGA QUE LAS ENIMENDAS BUSQUEN DESPRESTIGIAR AL EMPLEADO PUBLICO

El portavoz del PP en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha afirmado hoy que con las enmiendas a la Ley de Acompañamiento su grupo pretende garantizar el trabajo y el salario de los empleados públicos, y ha rechazado que el objetivo sea deteriorar la imagen del funcionario, como dice la oposición.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Henríquez de Luna ha respondido a las críticas del PSM y de IU sobre las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Acompañamiento, que entre otras cuestiones propone subir las jornada laboral de los empleados públicos de 35 a 37,5 horas, y dejar de complementar su sueldo en los casos de bajas entre 4 y 15 días, de manera que sólo cobrarán el 60% de su salario pagado por la Seguridad Social.

Según estos grupos, el PP pretende desprestigiar la imagen del funcionario dando a entender que trabaja menos para, con el tiempo, acabar con el sector y los servicios públicos.

Henríquez de Luna ha subrayado que el fin de estas enmiendas es que no haya despidos y que no se reduzca el salario a los empleados públicos, aunque para eso es necesario que éstos hagan esfuerzos y asuman compromisos, como trabajar media hora más al día.

Con la homogeneización de la jornada en 37,5 horas y la unificación de los días libres por asuntos propios en 6, el Gobierno regional pretende ahorrar 110 millones de euros al año e incrementar la productividad en 12 millones de horas.

"No queremos deteriorar ninguna imagen, pero es cierto que el sector privado está haciendo ajustes importantes, y el sector público lo tiene que hacer también", ha dicho, antes de añadir que el reto de la productividad entre los empleados públicos es "inaplazable".

Respecto a las bajas, Henríquez de Luna ha subrayado que el absentismo en el sector público es casi el doble que en el sector privado, y por ello se ha mostrado partidario de un mayor control.

Otras de las enmiendas del PP pretenden que las deducciones educativas se puedan aplicar desde los 3 años hasta los 16 -ahora se empiezan desde los 6 años-, o ayudar a crear empleo eliminando cargas sobre el suelo industrial.

Todas las enmiendas de su grupo, ha añadido, son "lógicas y coherentes" con las medidas que está tomando el Gobierno regional desde hace tiempo, antes incluso de la crisis, para controlar el déficit y evitar gastos innecesarios.

Sobre las críticas de los partidos por el mal uso de la Ley de Acompañamiento -la oposición dice que se reforman leyes importantes sin apenas debate en la Asamblea-, Henríquez de Luna ha apuntado que Madrid no hace nada que no hagan otras comunidades autónomas o el Gobierno central para garantizar que los objetivos presupuestarios "llegan a buen puerto".

De hecho, ha recordado que cuando el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, era secretario de Estado con el PSOE "no se rasgaba las vestiduras" por la Ley de Acompañamiento.