El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado este lunes que respeta pero no comparte las huelgas que se están produciendo en el ámbito de la sanidad pública madrileña, y que, a su juicio, van "contra los derechos" de los ciudadanos a disfrutar de los servicios que pagan ellos mismos con sus impuestos. "Lo respeto pero no lo comparto. Creo que no es el momento de hacer esas huelgas en contra de los derechos de los ciudadanos", ha afirmado González en una planta embotelladora del Canal de Isabel II Gestión, en Colmenar Viejo, preguntado por la 'marea blanca' que ayer recorrió las calles del centro de la capital y las huelgas convocadas en el sector sanitario para los próximos días.
Como en ocasiones anteriores, el presidente ha afirmado que respeta "profundamente el derecho de manifestación", pero ha indicado que "hay que hacerlo compatible con el derecho que tienen los ciudadanos al uso y disfrute de los servicios que pagan con sus impuestos, en este caso la sanidad".
"La sanidad en Madrid va a seguir siendo universal pública y gratuita. No se va a vender, no se va a cobrar por los servicios y por lo tanto, no se va a privatizar en los términos en los que se usa esa palabra", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha señalado que si esa es la razón que está detrás de las pretendidas huelgas futuras, considera que son unas huelgas "injustificadas que lo único que van a producir es deterioro en el funcionamiento de los servicios sanitarios y perjuicio para los usuarios".
En este punto, ha sostenido que "las 50.000 consultas y las 6.500 operaciones que se han suspendido son un ejemplo de cómo esas manifestaciones están afectando al uso y disfrute de los derechos de los ciudadanos, que tienen que estar, en estos momentos, igual de salvaguardados que el derecho a la manifestación".
El presidente ha explicado que están aplicando medidas de ajuste presupuestario "con carácter general en todos los sectores" porque tiene que cumplir con el objetivo de déficit previsto", y ha añadido que a pesar de que va a seguir hablando con los responsables de la sanidad, "todos" tienen la "responsabilidad de asumir el compromiso de racionalizar el gasto público".
González ha continuado diciendo que hay muchas medidas que han planteado desde el Ejecutivo regional que son "compartidas por los profesionales de la sanidad", pero ha añadido que hay que "abordar más medidas" para lograr el objetivo de reducción del gasto.
EL PSM DENUNCIARÁ A GONZÁLEZ POR EL EURO POR RECETA
Por su parte, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado que en unos días su partido denunciará ante la justicia al presidente madrileño, Ignacio González, para que responda con su patrimonio por el dinero invertido en la implantación del euro por receta, recurrido ante el Constitucional. Así lo ha asegurado durante una visita al municipio madrileño de Moralzarzal, donde ha señalado que los servicios jurídicos del PSM tiene "ultimadas" dos demandas contra González, una por responsabilidad patrimonial y otra por un supuesto delito de prevaricación.
Tomás Gómez ha asegurado que el Gobierno regional "sabía desde el principio" que el euro por receta "era inconstitucional", además de una medida "injusta", y sin embargo "se empeñó" en ponerla en marcha. "Han gastado dinero de los madrileños en la campaña de propaganda y publicidad, y en los equipos y procesos informáticos para poner en marcha la medida, y han cobrado a muchos ciudadanos el euro por receta; ahora toca la devolución de ese dinero", ha afirmado el secretario general del PSM.
Bajo su punto de vista, esa devolución la tiene que pagar Ignacio González "de su bolsillo", porque "ha incurrido en un gasto que sabía que iba a ser recurrido".
Gómez ha insistido en que existe "responsabilidad patrimonial" por parte de González y también un posible delito de prevaricación.
El líder del PSM ha vuelto a arremeter contra la política sanitaria del Gobierno regional y su modelo privatizador, que supone "enterrar el dinero de los madrileños y que hagan negocio unos pocos".
Como ejemplo, ha citado el Hospital público de Collado Villalba, que a pesar de que debería estar abierto desde 2012, continúa cerrado pero cuesta "900.000 euros todos los meses", la cantidad que se le paga "a una empresa privada que tiene ya muchas concesiones en Madrid y aspira a tener otras tantas", y que gestionará el nuevo centro sanitario una vez que se abra.
También ha criticado que el exconsejero de Sanidad madrileño Juan José Güemes trabaje, cuatro años después de dejar su cargo público, en una empresa que se ha hecho con la gestión de los laboratorios de varios centros hospitalarios públicos.
