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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha culpado al magistrado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luis López Guerra, de haberse "cargado" con su voto la doctrina Parot, lo que ha permitido excarcelar a "terroristas y asesinos" antes del cumplir el máximo de su pena. "Fue el magistrado español el que desequilibró con su voto cargarse la doctrina Parot", ha afirmado.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha dicho que López Guerra provocó el desempate a favor de eliminar la doctrina Parot en la primera resolución dictaminada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Más adelante, este mismo magistrado fue uno de los siete jueces de la sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que por unanimidad dio amparo a la presa etarra Inés del Río en su recurso sobre la aplicación de esta doctrina.

González ha expresado la "repulsa" y el "rechazo" del ejecutivo regional ante la excarcelación de "delincuentes, criminales, asesinos y terroristas" por el fin de la doctrina Parot, lo que considera "absolutamente escandaloso". "Está causando una alarma social importante", ha afirmado.

Precisamente ayer fue excarcelado Emilio Muñoz Guadix, el asesino de Anabel Segura, que ha pasado 18 años en prisión de los 43 a los que fue condenado por el secuestro y asesinato de la joven madrileña, ocurrido en 1993.

González ha criticado la celebración de "grandes fiestas" como las celebradas ayer a los etarras Francisco Javier Martínez Izagirre, alias "Javi de Usansolo", que fue recibido con lanzamiento de cohetes a su llegada al municipio vizcaíno de Galdakao, o Inmaculada Pacho, a la que aplaudieron en Bilbao.

"Provoca la indignación de todos los españoles", ha manifestado al respecto ya que, ha añadido, "son terroristas y asesinos que no se han arrepentido y no han pedido disculpas a las víctimas".

Asimismo, ha pedido "exigir" a la Justicia que actúe con "contundencia" para evitar que estas personas "se salgan con la suya una vez más", ya que ha opinado que este tipo de actuaciones son "inadmisibles en un Estado de derecho".