Más de un centenar de comparecientes, entre los que destacan la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, los tres expresidentes anteriores (Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González) o el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, han desfilado ya desde su apertura, en noviembre de 2015, por la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política de la Comunidad de Madrid, que ha celebrado más de una treintena de sesiones.
La comisión fue creada poco después de arrancar la nueva legislatura por acuerdo de la Mesa del Parlamento regional, a propuesta de Ciudadanos (Cs) y con el apoyo de PSOE y Podemos. Aunque no es una comisión permanente, se ha renovado anualmente en dos ocasiones, la última hace pocas semanas sin el apoyo del PP, que siempre la criticó por ser una "causa general" contra su partido.
La oposición acusó al PP de intentar "poner palos en las ruedas" por reclamar un plan de trabajo y oponerse a cambiar las reglas de su funcionamiento, que tenía como novedad el formato pregunta-respuesta, mucho más ágil que el de otras comisiones como la del estudio de la deuda.
Antes de echar andar, la comisión de investigación, cuya asistencia es obligatoria, generó polémica por la sustitución del entonces portavoz del PP en la misma, Jesús Gómez, que decidió abandonar una de las reuniones sin consultarlo.
La comisión ha ido tratando varios asuntos sobre corrupción o supuestas irregularidades de la gestión del Gobierno regional durante las dos legislaturas anteriores. Por ella han pasado muchos imputados mientras que otros han resultado investigados después de acudir a ella, por lo que algunos diputados de la oposición avisan del "mal fario" que supone ser llamado a comparecer.
En la primera sesión fue llamado el exdirector regional de Vivienda Juan Van-Halen por la venta de viviendas del Ivima a un fondo buitre. Dos meses después resultó imputado. Poco después pasó por allí el expresidente Ignacio Gónzalez, que calificó la operación de venta como "transparente, pulcra e inmaculada", parecidos términos a los utilizados por su consejero de Vivienda, Pablo Cavero.
A continuación trataron los contratos de imagen contratados por el Gobierno regional, investigados en el caso Púnica. Así, compareció el supuesto 'conseguidor', Alejandro de Pedro; el exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, que negó haber intermediado con el empresario; y la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, entre otros.
AGUIRRE Y GRANADOS
Uno de los momentos que generó más expectación mediática fue la intervención de la expresidenta Esperanza Aguirre el 12 de febrero de 2016, un día después de que los agentes de la Guardia Civil se personaran en la sede del PP de Madrid para registrarla por supuesta financiación irregular.
Aguirre, que tuvo una tenso interrogatorio por parte de los diputados Ramón Espinar y César Zafra, apoyó a los consejeros investigados y negó conocer pagos con dinero negro. Dos días después, dimitió como presidenta del PP de Madrid.
La comisión trató posteriormente el llamado 'caso espías', citando a los que supuestamente practicaron vigilancias hace una década a miembros del PP de Madrid, entre ellos el exconsejero de Justicia Alfredo Prada --que también acudió a la Asamblea--, por parte de otros responsables del partido. El 22 de abril fue el turno del exconsejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados, a través de videconferencia. Fue la primera vez que Granados hablaba públicamente desde su ingreso en la cárcel de Estremera por la trama Púnica.
Su intervención fue muy polémica, ya que el exsecretario del PP madrileño intentó utilizar los minutos de máxima expectación mediática para defenderse de las acusaciones de corrupción, exclamando que se sentía "maltratado y decepcionado por el Estado de Derecho". La presidenta de la comisión, la diputada de Cs Dolores González Pastor, le recondujo a la cuestión en varias ocasiones, en la que negó espionaje pero sí "contravigilancias por parte de Ignacio González".
Granados volvió a ser citado un mes después para hablar de las supuestas irregularidades en la Fundación Arpegio. Pero se quejó de que no había tenido tiempo de consultar ningún papel y se aplazó su comparecencia. Además, criticó que Ignacio González pudiera postergar la suya aludiendo que tenía un viaje a Londres, lo que fue criticado por la oposición, ya que dicho vuelo fue comprado después de haberse anunciado su citación.
El exconsejero de Justicia declaró finalmente el 3 de junio. Después de reiterar que durante su mandato no había amparado ningún tipo de corrupción, negó haber negado tener una cuenta en Suiza y cargó contra el secretario del PP Javier Maroto, del que dijo que "no se le conocía otro mérito que meterse con compañeros del partido". Con menos polémica pasaron por la comisión los exconsejeros Ana Isabel Mariño y Santiago Fisas.
También pasaron por este órgano el empresario David Marjaliza, presunto cerebro de la trama 'Púnica', que se negó a declarar, y el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, Miguel Angel Ruiz, que negó irregularidades pero que dimitió meses después al resultar investigado judicialmente en la trama.
En diciembre fue el turno del exconsejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada, que negó haber hablado con Granados sobre contrataciones del Prisma, mientras que aseguró que con Marjaliza "no se tomó ni una copa". Dejó de ser consejero en septiembre.
A finales de 2016 el PP pidió un informe jurídico tras conocer la sentencia que tumbó la comisión del Ayuntamiento de Madrid. Dicho informe, conocido hace tres meses, avala a la comisión pero aconseja que se acote su duración.
La comisión comenzó 2017 investigando la calificada como ruinosa operación por la que Telemadrid compró en 2007 los derechos del Atlético de Madrid y del Getafe.
Por allí pasaron el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que se negó a declarar; el exmiembro del Consejo de Caja Madrid José Antonio Moral Santín; el presidente del Getafe, Angel Torres; y el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, imputado en el caso del ático de Ignacio González; y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que defendieron a su manera la operación.
En marzo volvió a abrirse la comisión de investigación para cerrar el 'caso espionaje' con la comparecencia del exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, uno de los afectados, que señaló como promotor a "un alto cargo de la Comunidad". Ignacio González, que semanas después entraría en la cárcel preventivamente como máximo responsable de la trama Lezo, respondió a Cobo que acreditara dichos seguimientos en una tensa comparecencia en la que llamó "mentiroso" al diputado de Podemos Miguel Ongil.
La comisión también trató el caso Aneri. Relevantes fueron las intervenciones del Alfonso Tezanos, que se presentó como víctima de la trama, y la del expresidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, que aprovechó la ocasión para reconoció donaciones a Fundescam "a cambio de nada" en comparecencia que no dejó indiferente a nadie. Aneri, en cambio, se negó a declarar. Poco después ingresaría en prisión.
CIFUENTES Y RUIZ-GALLARDÓN
El 2 de junio de 2017 fue otro de los momentos más importantes de la comisión. Declaraba la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, por la investigación de la UCO sobre los contratos de la cafetería de la Asamblea. Llamativo fue el intercambio de opiniones que mantuvo con el diputado de Cs César Zafra, momento en el que comenzó a romperse las relaciones entre ambos partidos.
La comisión se ha centrado en los últimos meses en las supuestas irregularidades de las compras de las empresas Emissao e Inassa por parte del Canal. Hace un mes declararon el expresidente regional Alberto Ruiz Gallardón y miembros de su equipo como Juan Bravo, Pedro Calvo y Arturo Canalda. Los tres días después fueron imputados en el caso Lezo.
