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El exconsejero madrileño Francisco Granados "contará todo lo que sepa" cuando declare el lunes ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, en una comparecencia en la que "tocará todos los puntos" que le afectan en esta causa, que le llevó a estar más de 2 años y medio en prisión preventiva.

Según han indicado a Efe fuentes de su defensa, la intención de Granados con esta declaración, que es a petición propia, es aportar su versión y defenderse de las graves imputaciones contra él.

ACUSACIONES DE MARJALIZA

La mayor parte de ellas vertidas por el que fuera su amigo y presunto socio en negocios inmobiliarios, David Marjaliza, que en sucesivas comparecencias ha ido desgranando el sistema que supuestamente tenía implantado Granados para el cobro de comisiones y otras prácticas corruptas valiéndose de sus cargos, primero en el Ayuntamiento de Valdemoro y después en la Comunidad de Madrid.

Los puntos en los que puede versar su declaración son todos aquellos que se investigan en Púnica, fundamentalmente, su presunto enriquecimiento a través de contratación de obra pública -se le halló un millón de euros en Suiza, otro en casa de sus suegros, y se cree que aún oculta un elevado patrimonio- o la financiación ilegal del PP madrileño que presidía Esperanza Aguirre mediante el cobro de comisiones a las adjudicatarias, práctica también observada en Lezo.

Hace unos días, el abogado del exconsejero madrileño presentaba un recurso al juez en el que le preguntaba por qué no había llamado a declarar como investigada a la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, al ser ella la consejera de Transportes de Madrid cuando en 2005 se adjudicó una obra del metro ligero investigada en la causa.

Combatía así que se le haya atribuido la percepción de comisiones por adjudicar obras del metro y del metro ligero de Madrid, motivo por el que la semana pasada tuvo que declarar como investigado el expresidente OHL Juan Miguel Villar Mir, quien negó haber hecho donaciones al PP a cambio de obtener adjudicaciones.

Una vez más, volvía a poner en cuestión las confesiones del arrepentido Marjaliza -que está colaborando con la Fiscalía-, apuntando a que cuando presuntamente se produjo "la adjudicación de ciertas obras públicas a cambio de una comisión" fue "casualmente, durante los años en los que don Francisco Granados no ostentaba ningún cargo fundamental o relevante".

DEFENSA

"Llama poderosamente la atención que, sin motivo ni causa aparente, salvo el testimonio del señor Marjaliza, quien va bailando al son y al ton que le marca la Fiscalía según sus necesidades acusatorias, (...) se acuerde la práctica de toma de declaraciones, en calidad de investigados, de nuevos sujetos que nada tienen que ver con el presente procedimiento", afirma la defensa de Granados.

Se refería al proceso de adjudicación a la empresa Elsan (de OHL) del metro ligero de Boadilla del Monte, que se otorgó el 19 de enero de 2005, cuando Granados ya no era consejero de Transportes y ese cargo lo había pasado a ocupar Cospedal.

Su abogado lamentaba en este sentido que la Fiscalía se atreva "a realizar manifestaciones de tal magnitud sin haberlas corroborado, y que por ende su señoría haya tenido a bien admitirlas como certeras".

No es la primera vez que Granados manifiesta su malestar por el trato que se está dispensando a Marjaliza, del que en su día dijo que era "un delincuente confeso que no acredita lo que dice".

COMISION DE 3, 6 MILLONES POR LAS OBRAS DEL METRO DE BOADILLA

Marjaliza, al que el Ministerio del Interior ha decidido poner un servicio de contravigilancia tras recibir amenazas, ha declarado ya en numerosas ocasiones y ha confesado, entre otras cuestiones, que se repartió con Granados y el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid -también investigado-, una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de las obras del metro.

También ha contado que el exconsejero madrileño les dijo durante el transcurso de una zona que había metido, en las licitaciones que se llevaban las grandes constructoras, a empresas medianas (Albi, San José, Teconsa), y que el empresario Florentino Pérez, molesto por ello, se habría encargado de lograr que su jefa, Esperanza Aguirre, le cesara como consejero.

Al ser preguntado si se amañaban las obras grandes antes de llegar Granados, afirmó que hasta esa fecha nunca se habían dado contratos de obras de envergadura a empresas que no fueran las grandes constructoras.