La red de Granados tejió su trama con el ahorro energético de los municipios

La red de corrupción en la que supuestamente está implicado el exdirigente del PP Francisco Granados tejió su trama de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones con el ahorro energético de municipios, principalmente de la Comunidad de Madrid, donde han sido detenidos seis alcaldes.

Fue la multinacional francesa Cofely, dedicada a dar soluciones energéticas en edificios e instalaciones, la principal adjudicataria de los contratos de los ayuntamientos para actuaciones de ahorro del consumo de luz y de emisiones de dióxido de carbono en el alumbrado público.

La trama de corrupción municipal y regional desmantelada en la Operación Púnica, en la que han sido acusados medio centenar de personas, entre ellas una decena de políticos, cobraba en torno a un 3 % de comisión por cada uno de los contratos de adjudicación, cuyo montante ascendió a 250 millones de euros solo en los dos últimos años.

De esta forma, la red corrupta se podría haber beneficiado en cerca de 7 millones de euros en comisiones.

Además del exconsejero Granados y de los alcaldes madrileños de Parla, Collado Villalba, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y de Serranillos del Valle, así como del presidente de la Diputación de León, en la operación han sido detenidos jefes de gabinete de corporaciones locales, arquitectos, abogados, técnicos municipales y ejecutivos de las empresas implicadas.

Uno de los últimos detenidos en la operación, en la que la Guardia Civil se ha incautado de 240.000 euros en efectivo en los distintos registros efectuados, ha sido el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.

Todos los acusados participaban presuntamente, cada uno desde su responsabilidad y sus posibilidades, en el entramado en el que los "conseguidores" de relaciones y contratos eran presuntamente los empresarios David Marjaliza -amigo de Granados desde la infancia- y Alejandro de Pedro Llorca.

Junto a estos dos empresarios, la Guardia Civil ha detenido a varias personas de sus respectivos círculos de confianza, como socios, administradores y secretarias que harían posible la materialización de la corrupción.

En la empresa Cofely, corazón del entramado, han sido arrestados su director general, Didier Maurice; su jefe comercial en España, el director comercial para el sector público y el responsable del departamento de operaciones.

Cofely, la multinacional de servicios energéticos y uno de los centros de la trama, borró hoy de su página web las referencias a los contratos que firmó en los últimos años con algunos de los ayuntamientos implicados.

Uno de ellos, por ejemplo, es el contrato firmado por importe de unos 55 millones de euros con el Ayuntamiento de Parla, que le permitiría reducir en un 40 por ciento su consumo energético y de sus emisiones de dióxido de carbono solo en el alumbrado público.

En Collado Villalba también se adjudicó la gestión energética del Consistorio para los próximos 15 años por un importe de 42 millones de euros, mientras que en Móstoles la multinacional fue la ganadora de un concurso público por valor de 70 millones.

En relación con la operación, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han solicitado hoy a la Agencia Tributaria (AEAT) que aporte al juez toda la información para aclarar qué implicados se acogieron a la llamada "amnistía fiscal" impulsada en 2012 ya que consideran que algunos pudieron haberse acogido a la regularización tributaria para evitar las sanciones administrativas o penales por los delitos fiscales que se les imputan.

Los detenidos han permanecido en dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos y en Las Rozas, en donde se preveía que hoy prestaran declaración y se prevé que mañana pasen los primeros de ellos a la Audiencia Nacional para prestar declaración.

DETENIDO EL CONSEJERO DELEGADO DE LA AGENCIA INFORMATICA DE LA CAM

El consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, es una de las personas detenidas en el marco de la Operación Púnica de la Guardia Civil contra la corrupción municipal y autonómica, según han confirmado fuentes de la investigación.

José Martínez Nicolás está al frente de la Agencia de Informática y Comunicaciones -dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Ejecutivo- desde enero del año 2008. La Agencia de Informática y Comunicaciones tiene entre sus funciones la prestación de servicios informáticos -con medios propios o ajenos- a la Comunidad, manteniendo los soportes y desarrollando o adquiriendo aplicaciones informáticas.

También tiene este organismo la competencia de diseñar la programación de necesidades en materia de informática y comunicaciones de los distintos departamentos y organismos de la Comunidad de Madrid; elaborar y aprobar los planes de sistemas de informática y comunicaciones; y programar y asignar recursos humanos, técnicos y económicos.

EL GOBIERNO MADRILEÑO REITERA COLABORACIÓN

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha dicho no conocer los hechos que se imputan al jefe de la Agencia de Informática de la Comunidad, José Martínez Nicolás, y ha ofrecido de nuevo la "máxima colaboración" en la investigación del caso Púnica.

Victoria ha respondido así al ser preguntado por la detención de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Ejecutivo regional. José Martínez Nicolás es una de las personas detenidas por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica, según han confirmado fuentes de la investigación.

Salvador Victoria ha dicho desconocer los hechos que se le imputan a Martínez Nicolás, y ha reiterado que la postura de la Comunidad de Madrid es de "máxima colaboración con la justicia", tal y como viene haciendo desde ayer, cuando se conoció la Operación Púnica y los investigadores reclamaron distintos datos a algunas instituciones regionales.

Victoria también ha vuelto a pedir que la investigación se lleve a cabo con la "máxima celeridad", no sólo en lo que atañe a Martínez Nicolás sino a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por la operación.