La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha dirigido a la concesionaria FCC para decirle que su responsabilidad pasa por mantener el número de trabajadores del servicio de recogida de basura, en virtud del contrato firmado con el Consistorio, igual que hizo el Ayuntamiento cuando el decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 estableció una rebaja de entre un 10 y un 15% en los contratos adjudicados.
"En ningún caso se puede disminuir el número de trabajadores estando vigente el contrato", ha destacado la alcaldesa este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que ayer se conociera que los empleados del servicio de recogida de basura irán a la huelga indefinida a partir del 15 de abril si la concesionaria FCC mantiene el ERE para 146 de ellos.
En este punto, la primera edil ha recordado que, como consecuencia del decreto firmado por Zapatero en 2010, el Ayuntamiento "procedió a disminuir los contratos entre un 10 y un 15 por ciento pero eso no supuso disminuir el personal", por lo que ahora la "responsabilidad" de FCC pasa por "mantener el número de trabajadores que consta en el pliego de condiciones".
INTEGRACION DE 39 CONTRATOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA AHORRAR 32 MILLONES AL AÑO
La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado luz verde este jueves al contrato integral de limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes, que unifica en uno solo lo que hasta el momento se encuentra disperso en 39 contratos, con la idea de ahorrar un 10 por ciento con respecto a la situación actual, lo que supone un mínimo de 32 millones de euros al año.
El importe global del contrato integral para los próximos 8 años es de 2.317 millones y se estima que el ahorro mínimo para ese periodo alcance los 256 millones de euros. El nuevo modelo de contratación de los servicios públicos determina que el pago no está vinculado a los recursos de las concesionarias sino a los resultados, es decir, que estará determinado por el cumplimiento de unos objetivos definidos.
En caso de que las empresas no cumplieran con los objetivos de calidad marcados, el Ayuntamiento podría aprobar una detracción de hasta el 20 por ciento de la certificación mensual, como ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, José Antonio Gómez-Angulo.
El nuevo contrato divide a la capital en seis zonas. La mayor parte de las prestaciones arrancarán el 1 de agosto y las demás se irán sumando paulatinamente, a medida que vayan finalizando los contratos en vigor.
