La Presidencia Federal de IU aprobó este lunes una resolución pidiendo la dimisión de los coordinadores generales de su federación de Madrid durante el periodo en el que consejeros propuestos por la formación utilizaron las 'tarjetas b' de Caja Madrid. La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue aprobada por 26 votos a favor, tres abstenciones y tres votos en contra después de más de cinco horas de debate, según han informado fuentes presentes en el encuentro.
El texto acordado por la dirección de IU exige responsabilidades políticas a la dirección de IUCM por el caso de las 'tarjetas black' y a la de la fundación FUNDESTE. "Esta responsabilidad exigida se concreta en pedir la dimisión o cese de sus cargos públicos y orgánicos de quienes han sido coordinadores generales de IUCM en los momentos en los que se han tomado decisiones sobre Caja Madrid y Bankia y de quienes, desde la Presidencia de FUNDESTE, son responsables de la inadecuada gestión de la fundación", reza el texto.
Esta determinación alcanzaría al actual portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Angel Pérez, coordinador entre 1993 y 2000; a Miguel Reneses, al frente de IUCM entre los años 2000 y 2004 y actual secretario de Organización de IU Federal; a Fernando Marín, coordinador entre 2004 y 2008; y al diputado madrileño Gregorio Gordo, coordinador entre 2009 y 2012.
TRES DIAS DE PLAZO
La Presidencia de IU aprobó este texto a propuesta de la Comisión de Transparencia formada tras el escándalo de las 'tarjetas b', en el que se vieron implicados consejeros nombrados por IUCM, entre ellos José Antonio Moral Santín, a quien se le atribuye haber gastado más de 450.000 euros durante su etapa como miembro del Consejo de Caja Madrid.
Pero además, traslada esta resolución a la dirección de IUCM para que, en el plazo máximo de tres días, concrete los nombres de las personas que, "para asumir las responsabilidades políticas, cesan o dimiten de todos sus cargos públicos y orgánicos" y lo comuniquen a la Presidencia Federal.
Esta resolución llega después de las recomendaciones iniciales presentadas por la Comisión de Investigación creada al respecto por IU de la Comunidad de Madrid, que limitaron las responsabilidades al parlamentario autonómico Antero Ruiz, a quien se reclamó el acta de diputado.
LAS FEDERACIONES PEDIAN ACTUAR
Tras ello, se sucedieron un goteo de valoraciones y resoluciones de varias federaciones pidiendo una respuesta contundente al escándalo generado. La más concreta fue la aprobada por la federación de Baleares, EUIB, que pidió directamente la suspensión cautelar de militancia de los coordinadores generales de IUCM durante la etapa en la que se sucedieron los hechos.
También la federación de Castilla y León animó a profundizar "en la limpieza a fondo interna" de la organización y exigió responsabilidades políticas "más allá de la legalidad de dichas acciones".
Pero además, en un Comité Federal celebrado el pasado mes, abordó el asunto el PCE, al que pertenecen el coordinador federal de IU, Cayo Lara, y cuyo secretario general, José Luis Centella, ocupa la Secretaría de Acción Política en la dirección federal. "Siendo una responsabilidad que va más allá de los consejeros implicados y por la que deberían rendir cuentas y dimitir aquellos que tienen responsabilidades políticas por acción u omisión", reza el texto aprobado por el Partido Comunista.
