El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha salido esta tarde, sobre las 19.45, de la cárcel de Soto del Real tras depositar varios familiares en los juzgados la fianza de 400.000 euros que el juez del caso Lezo le impuso ayer para salir de prisión, en la que ha permanecido 201 días.
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha decretado hoy la puesta en libertad del expresidente madrileño Ignacio González después de que once personas le hayan servido de fiadoras para constituir la fianza de 400.000 euros que le impuso ayer el magistrado para salir de prisión. Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, González solo ha tardado un día en abonar la fianza que dictó ayer el magistrado de la Audiencia Nacional al apreciar que ha disminuido el riesgo de fuga y también de que delinca manejando fondos en el extranjero, en este último caso gracias a la colaboración judicial con países como Colombia y Panamá.
El auto de libertad con la consignación de la fianza se ha enviado a un juzgado de Colmenar Viejo, que es el competente para tramitar la excarcelación de los presos internos en Soto del Real (Madrid), por que lo el expresidente madrileño saldrá en las próximas horas de prisión.
Durante la mañana de hoy, varios familiares de González se han presentado en la Audiencia Nacional para hacer efectiva la fianza y servirle de fiadores, aunque han rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación. Ayer, la portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González, hermana de Ignacio González, afirmó que en la familia estaban empleándose "con toda el alma" para lograr reunir la fianza.
Una vez en libertad, González, principal investigado en este caso de corrupción en el seno del Canal de Isabel II, deberá comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más cercano a su domicilio, tendrá que entregar el pasaporte y no podrá salir de España.
Pese a acordar estas medidas, el juez sigue considerando que tanto González como su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión- "se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones".
"Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado, sino que muy al contrario estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada", aseguraba el magistrado en su auto de ayer imponiéndole la fianza.
Según el juez, tanto González como Rodríguez Sobrino tenían "pleno conocimiento" de que se estaban cometiendo delitos en la operación de la compra en 2001 de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, que pudo ocasionar un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas y que se hizo con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente autonómico.
Desde el PSOE-M su portavoz, Ángel Gabilondo, ha comentado que la prisión provisional es una medida que "a veces se utiliza en España mucho" y, a su juicio, "tiene que ser excepcional". "Hay que ser comprensivos con esta aplicación en todos los casos, no tiene que ser de larga duración la prisión provisional", ha apuntado.
En el caso de Ignacio González, cree que el juez habrá optado por permitir eludir la prisión provisional con una fianza porque tiene "todas las garantías para proseguir los procesos de modo razonable". El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha expresado el "respeto absoluto" de su grupo a las decisiones de la Justicia, así como su deseo de que se aclare "cuanto antes" lo que sucedió.
"Es un tema que ha hecho mucho daño al grupo parlamentario, al PP y a los que hemos trabajado en gobiernos anteriores de la Comunida de Madrid", ha reconocido.En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha declarado que su grupo respeta la decisión judicial. "Habrá que esperar el juicio y ver qué deciden los tribunales", ha manifestado.
