Inhabilitado el exalcalde de Brunete por omitir en un Pleno un informe contrario a sus intereses

La Audiencia Provincial de Madrid ha inhabilitado al exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez Iglesias (PP) durante seis meses al ejercicio de cargo público en la Administración local tras ser condenado por un delito contra los derechos cívicos por omitir en un Pleno celebrado en 2014 un informe del arquitecto municipal contrario a sus intereses en relación a unas parcelas.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados condenan al exregidor del PP y a un exedil de Urbanismo.

En la vista oral negaron tal extremo, por lo que no se mostraron a favor de pactar con la Fiscalía de Madrid. En su escrito de acusación, el fiscal solicitaba por el delito contra los derechos cívicos una inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público electo en la administración local por tiempo de tres años.

Al exedil le reclamaba además una pena de dos años y seis meses de cárcel y multa de dieciséis meses, con una cuota diaria de 20 euros, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Ahora, se le ha absuelto del citado delito.

No es la primera vez que el exalcalde del Partido Popular se enfrenta a la Justicia. En diciembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a dos años de prisión por un delito de cohecho cometido al ofrecer favores a una edil de UPyD a cambio de su apoyo a la investidura del exregidor del PP en 2012.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, el arquitecto municipal emitió en diciembre de 2012 a petición de los grupos de la oposición informe en que se concluía que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Brunete contenía un error en relación con cuatro parcelas en la zona denominada 'Charco Poleo'.

Respecto a las parcelas, el concejal de Urbanismo tenía "interés indirecto", al ser su padre propietario de una de ellas, ya que dicho Plan las había clasificado como 'Suelo Urbano Consolidado', cuando, en realidad, debían clasificarse como 'Suelo Urbano No Consolidado'.

En abril de 2013 la entonces secretaria del Ayuntamiento emitió informe en que manifestó que, por los términos del informe del Arquitecto Municipal, éste no era concluyente, por lo que, hasta que no se emitiese informe concluyente, no procedería la incoación de procedimiento administrativo alguno para la revisión del PGOU.

En junio, el arquitecto emitió un nuevo informe en el que reformuló sus conclusiones en términos categóricos, el cual presentó en el registro del Ayuntamiento y entregó en mano al concejal de Ordenación del Territorio en aquel momento. El edil se abstuvo de "unirlo al expediente, reteniendo original y copia en su poder sin darle el curso legalmente establecido hasta después del pleno celebrado el día 15 de enero de 2015".

En febrero de 2014, el Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Brunete presentó una moción instando a que en el Pleno Ordinario que habría de celebrarse en el mes de noviembre de ese año, se presentase por parte del alcalde, un acuerdo de aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU a fin de corregir los errores que antes se han indicado.

Dicha moción fue rechazada por todos los grupos municipales, salvo el proponente, en Pleno Ordinario celebrado el 27 de febrero, dado que ignoraban la existencia del nuevo informe emitido por el Arquitecto Municipal en fecha 7 de junio de 2013.

En uno de los Plenos, el alcalde y el concejal negaron categóricamente la existencia de otro informe distinto del emitido el 13 de diciembre de 2012 y, por lo tanto, la existencia del posterior de fecha 7 de junio de 2013, a pesar de ser conscientes tanto de su existencia como de sus obligaciones al respecto.

Según la Fiscalía, hasta la fecha "del presente escrito de acusación el Ayuntamiento no ha realizado actuación alguna tendente a corregir los errores detectados en el PGOU de Brunete".