La diputada Josefa Aguado ha dimitido tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado investigarla por su intervención en torno a las X Olimpiadas Escolares celebradas en Arganda del Rey en el año 2007, asunto que estaría vinculado al 'caso Gurtel'.
Según han indicado fuentes populares, Aguado ha decidido tras consultas con su abogado no recurrir el auto del TSJM y entregará su acta este viernes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado la competencia para investigar a la diputada del PP en la Asamblea regional María Josefa Aguado por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.
El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal, de la que ha informado el TSJM, acepta la competencia para conocer los hechos investigados por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional por la intervención de Aguado en las X Olimpiadas Escolares celebradas ese año en Arganda del Rey.
La Sala designa como magistrado instructor a Jesús María Santos Vijande, quien determinará, en función de los testimonios que ya han sido remitidos y de otros que pueda solicitar, las personas que deban figurar como investigadas en la causa junto con la diputada.
El juez del caso Gürtel, José de la Mata, pidió el pasado mes de abril al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que está aforada Aguado al ser diputada regional, imputarla al apreciar indicios de delito en la citada adjudicación.
En la exposición razonada elevada al tribunal madrileño por De la Mata el magistrado le atribuye los delitos de fraude a la Administración Pública, malversación y prevaricación.
Este juez circunscribe su actividad a la adjudicación en 2007 del contrato para las "X Olimpiadas Escolares" a empresas del líder de la Gürtel, Francisco Correa, valorado en 89.000 euros pero que se fragmentó en siete contrataciones menores para evitar el concurso público.
Lo hizo, dice el magistrado, desde su puesto de jefa de deportes de la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, y "a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública".
El juez de la Audiencia Nacional envió su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM para que determine si imputa a la diputada y si decide llamar a declarar a las personas investigadas en esta pieza de Arganda que no están aforadas, entre ellas Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el exjefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte César Tomás Martín Morales.
Ahora la Sala sostiene que Aguado no ha sido autora directamente "de resoluciones administrativas arbitrarias" en los términos que argumentaba el magistrado de la Audiencia Nacional, pero sí se deduce "una contribución importante de doña María Josefa Aguado del Olmo a que se dictaran esas resoluciones arbitrarias, favorecidas o propiciadas gracias a sus informes favorables al cobro".
No acepta el recurso interpuesto por la defensa de la aforada y añade que los hechos que se le pueden imputan "son penalmente típicos y no pueden considerarse meramente neutrales" porque, aunque no autorizó directamente los pagos, éstos "difícilmente se hubieran realizado" sin sus informes, que tuvieron "gran relevancia".
"No puede descartarse que la persona aforada fue consciente de que con su actuación participaba en el dictado de resoluciones arbitrarias, mediante las que se consumó un fraude a la administración pública y se permitió la indebida disposición de fondos públicos, lo que obliga a iniciar la investigación penal en relación a ella" por posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.
Los magistrados aceptan las competencias sobre Aguado pero no sobre el resto de los investigados en relación con el expediente de las Olimpiadas Escolares, sin perjuicio de lo que proceda cuando avance la investigación.
