Jupol pide la absolución de los policías acusados de homicidio tras abatir a un hombre que les agredió en Puente de Vallecas

El sindicato Jupol, mayoritario en Policía Nacional, ha convocado una concentración mañana, viernes, ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para pedir la absolución de tres agentes acusados de homicidio tras abatir a tiros en noviembre de 2021 a un joven que trató de agredirles con un cuchillo en Puente de Vallecas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, Pedro López, ha citado para mañana a los tres policías y al resto de las partes a las 12:00 horas a una comparecencia que pone fin a la instrucción judicial, tras proponer la celebración de juicio con tribunal de jurado contra los agentes, han informado a EFE fuentes jurídicas.

En esta comparecencia las acusaciones concretarán la imputación del delito y las defensas podrán defender lo que estimen oportuno e instar al sobreseimiento de la causa. Todas las partes pueden solicitar que se practique alguna diligencia más antes de dar por finalizada oficialmente la fase de instrucción.

Los hechos ocurrieron la noche del 26 de noviembre de 2021 en la casa de Kevin Bryan P., cuya madre llamó a la policía alertando de que el joven, de 21 años, estaba amenazando a la familia con un cuchillo. A la llegada de los agentes, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de Puente de Vallecas, el joven trató de agredirles con el arma blanca de forma reiterada y, al considerar que sus vidas corrían peligro, le dispararon, acabando con su vida.

En un auto de noviembre pasado al que ha tenido acceso EFE, el juez propuso juzgar por el procedimiento del tribunal de jurado a los funcionarios por un presunto delito de homicidio, al entender que "resulta verosímil la imputación que de los hechos relatados se hace a los policías nacionales", y que esos hechos revisten por el momento las características de un homicidio.

El secretario general de Jupol -sindicato encargado de la defensa de los investigados-, Aarón Rivero, ha denunciado este jueves el "desamparo legal" que sufren los policías cuando se ven obligados a hacer uso de su arma reglamentaria.

"No podemos permitir que se nos impute sistemáticamente por utilizar el único medio de defensa con el que contamos para este tipo de casos. Necesitamos seguridad jurídica", ha lamentado.

En ese sentido, ha reiterado la necesidad de la dotación de pistolas táser para las patrullas policiales. Según ha asegurado, los lotes distribuidos hace meses por la Dirección General de la Policía están "almacenados" en las secretarías de las jefaturas provinciales a la espera de la formación de los agentes.

El Ministerio del Interior adquirió a finales de 2019 unas 1.000 pistolas táser en un desembolso de más de dos millones de euros.