El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha emitido dos autos en los que obliga al Gobierno regional a abrir en el plazo de diez días el proceso de reversión de la venta y a publicar en el BOCM la sentencia que la declara nula.
Detrás se encuentran dos recursos judiciales del afectado, vecino de Navalcarnero, Rachid Buikou. Uno de ellos fue presentado contra un acuerdo de la Agencia Social de la Vivienda de junio de 2020 que limitaba la efectividad de la nulidad de la operación a su caso individual.
La asociación de afectados por la venta de viviendas del IVIMA (AVVI) ha pedido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso "que cumpla con los autos de los tribunales y, cuando antes, inicie los trámites para recuperar la totalidad de los pisos y nosotros los derechos como adjudicatarios de vivienda pública protegida que perdimos en 2013”.
Operación de venta nula
Hoy se han hecho públicos los dos autos que obligan a la Comunidad de Madrid, según la AVVI y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), a recuperar la totalidad de los 2.935 pisos vendidos al fondo Azora-Goldman Sachs y a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la sentencia que declara nula la operación.
El presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, se ha felicitado por la decisión judicial y ha añadido que "aunque la Comunidad de Madrid puede presentar un escrito de apelación, es muy poco probable que salga adelante, lo que nos sitúa al final de uno de los casos más vergonzosos de nuestra historia reciente".
Los autos que hemos conocido hoy, tienen fecha del pasado 1 de febrero, atienden sendos recursos contencioso-administrativos interpuestos por César Manuel Pinto, el abogado de Rachid Boukiu, que ha obtenido sentencias favorables en los juzgados de lo contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo.
32 promociones del IVIMA
El tribunal declara ahora que la sentencia afecta “al contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello a la totalidad de los inmuebles que las integran” y no solo a los de los hogares demandantes.
A su vez, el juzgado requiere a Azora Gestión y Encasa Cibeles, filiales de Goldman Sachs que en estos momentos gestionan las viviendas otrora públicas, “que se abstengan y cesen de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente”.
Mesa de diálogo
En el mismo auto, el juez obliga al Gobierno regional a iniciar sin demora la reversión de la operación que ejecutó en 2013. De hecho, requiere a la Agencia de la Vivienda Social que “en el plazo de diez días proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada”.
Ante la nueva situación, la FRAVM pide a la Comunidad de Madrid abrir una mesa de diálogo con las familias afectadas y las asociaciones vecinales para estudiar cómo llevar a cabo esta reversión y restituir los derechos de los hogares involucrados.
Fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado no haber recibido todavía los autos judiciales para poder valorar el alcance de los mismos y el posible recurso.