La Asamblea de Madrid pide un plan de mejora en Cercanías y la negociación multilateral de la financiación autonómica

La segunda sesión del debate del estado de la región ha terminado este viernes con el rechazo de las quince propuestas de resolución que han presentado los tres grupos de la oposición, cinco por cada formación, y únicamente han sido aprobadas las cinco registradas por el Grupo Popular.

Se han aprobado las cinco propuestas del PP, merced a la mayoría absoluta de la que goza en la Cámara y que ha dirigido todas sus iniciativas al Gobierno central, al que reclama una negociación multilateral de la reforma de la financiación autonómica; incremento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil; un plan de mejora de Cercanías Madrid; y que reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

Los de Vox han votado a favor de todas las proposiciones del PP.

Más Madrid ha apoyado únicamente la iniciativa de los populares para pedir mejorar las Cercanías. El PSOE ha votado en contra de las cinco.

Entre las proposiciones rechazadas, Más Madrid instaba al Gobierno regional a poner en marcha un plan de Atención Primaria, que ponga en marcha su propuesta sobre vivienda.

La formación de Manuela Bergerot ha reclamado a un plan para la Formación Profesional, mejorar la situación de las residencias y combatir la corrupción política.

El PSOE ha propuesto que el Gobierno regional garantice una educación equitativa, con una adecuada financiación para las universidades públicas y una mejora de las condiciones laborales del profesorado en todas las etapas educativas.

También han planteado al Ejecutivo autonómico un refuerzo de la Atención Primaria y crear un parque de vivienda público en alquiler asequible para llegar al 9 % de la media europea, y garantizar la reducción del coste en 300 euros mensuales en los alquileres a jóvenes y familias con determinados ingresos.

Asimismo, los socialistas han reclamado más transparencia en la gestión pública y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, además de fiscalizar la contratación pública en la región e informar del estado de ejecución de los contratos para evitar desvío o malversación de recursos públicos.

Las propuestas de Vox pedían "combatir la inmigración ilegal" garantizando que la "integración social" de los menores no acompañados se haga "en su entorno de procedencia"; realizar evaluaciones "independientes y objetivas" cada año en los centros educativos; o acometer un "drástico recorte del gasto público".

Reclamaban, asimismo, una batería de medidas en materia de vivienda e infraestructuras, como "liberar el suelo disponible en la región", y deflactar los tramos autonómicos del IRPF "conforme a la pérdida real de poder adquisitivo de los madrileños".